Concordia y Libertad educativa: los efectos de las leyes del PP y Vox se dejan sentir antes de que el Gobierno las recurra
El Gobierno de España anunció el pasado 11 de julio que recurriría al Tribunal Constitucional las leyes que, minutos antes de que su gobierno conjunto se rompiera, aprobaron el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana. La llamada Ley de Concordia así como la Ley de Libertad Educativa chocaban, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con la legislación española y acabarían, primero en comisiones bilaterales y en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sus efectos se van a dejar sentir antes.
Este lunes entró en vigor la polémica Ley de Concordia, que deroga la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Botànic y suspende todos los procedimientos en tramitación que se acogieran a esa norma salvo las exhumaciones ya aprobadas. Esto, en palabras del portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática del País Valencià, Ángel González, supone una parálisis a toda las investigaciones y también a la lucha de estos colectivos por hacer desaparecer los vestigios que ensalzan el franquismo como placas, cruces a los caídos o nombres de calles.
La ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE, Diana Morant, anunció hace una semana que en septiembre el Gobierno citaría a la Comunidad Valenciana a una comisión bilateral para retirar aspectos de esta Ley de Concordia que chocan con la Ley de Memoria Histórica pero la portavoz de su partido en esta materia en las Cortes Valencianas, Mercedes Caballero, ha instado al Gobierno a que presente el recurso el Tribunal Constitucional para que suspensa las consecuencias de un texto que el PP ha mantenido tal cual lo aprobó con Vox el pasado 11 de julio.
Elegir la lengua de examen
Otra de las leyes que ha sido objeto de confrontación es la de Libertad Educativa. Parte de sus postulados ya los tendrán que aplicar los centros educativos a partir del próximo 9 de septiembre cuando arranque el curso.
Así se lo ha recordado la Conselleria de Educación a los equipos directivos en las instrucciones de inicio de curso al mencionar que deben respetar "los derechos del alumnado y de sus familias" en todos los procedimientos en lo que a la lengua se refiere.
La principal consecuencia es que los alumnos podrán ya este curso elegir la lengua en la que se examinan de las asignaturas no lingüísticas, ya sea de manera escrita u oral. También podrán dirigirse a los profesores en el idioma de su elección aunque no sea en el que se está impartiendo la asignatura.
Los centros tendrán que elaborar o revisar su plan de comunicación no curricular, de manera que se dirijan a los escolares y a sus familias en valenciano y castellano.