Antonio Torres, 24 años de alcalde y ocho de empleado 'fantasma' en la Faffe: cómo cobrar medio millón de euros sin ir a trabajar

Antonio Torres García fue alcalde de la localidad sevillana de Lebrija durante 24 años. Comenzó su mandato en las primeras elecciones democráticas celebradas el 3 de abril de 1979, cuando ganó los primeros comicios locales, entonces como candidato del Partido de los Trabajadores de España (PTE). En 1983, ingresó en las filas del PSOE y obtuvo su primera mayoría absoluta, de la que disfrutó en las cinco legislaturas siguientes.

Cuando perdió las elecciones en Lebrija, el socialista Torres García se fue directo en busca de un empleo a una fundación que acababa de crear la Junta de Andalucía, donde entonces gobernaba el PSOE, con Manuel Chaves como presidente. El ente público elegido fue la polémica Faffe, archiconocida años después por dar cobijo a todo tipo de corrupciones. Desde las juergas en prostíbulos costeadas con dinero público hasta un sinfín de enchufes y contratos irregulares de los que se beneficiaron familiares y allegados al socialismo andaluz.

En la Faffe, el ex alcalde de Lebrija logró que su director Fernando Villén -antiguo ex dirigente del PSOE-A que fue condenado en septiembre de 2023 a seis años de cárcel por gastarse 32.556 euros de dinero público de la Faffe en prostíbulos- lo contratara el 13 de julio de 2003 en un puesto creado especialmente para él.

Torres permaneció en la Faffe ocho años, un periodo en el que cobró 491.203,03 euros, a pesar de que no hizo nada, como advierte la Fiscalía. Cuando estalló el escándalo sobre la Faffe y comenzaron las pesquisas, los investigadores preguntaron a los trabajadores y directivos de esta fundación por Antonio Torres y nadie lo conocía porque nunca pisó las oficinas de este ente público. Como un empleado fantasma.

El juicio

El monumental y presunto fraude será enjuiciado a partir del próximo 26 de septiembre en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. En el banquillo de los acusados se sentarán el ex alcalde socialista reconvertido en empleado de la Faffe y su jefe Villén quien, por cierto, antes de ocupar las máximas responsabilidades en la fundación pública se sentó en la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, al frente del área de Empleo.

Fue, precisamente, el empleo lo que se cultivó en este ente público, ya que la fundación actuó casi como una agencia de colocación para familiares, allegados y ex dirigentes socialistas. De hecho, la Faffe pasó de tener una plantilla de 120 empleados a 1.700 en los ocho años que estuvo en funcionamiento. La teórica misión de esta fundación pública era, además, combatir el desempleo impartiendo cursos de formación.

Cuatro años de cárcel

La Fiscalía acusa a Torres García y Fernando Villén de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para el ex director de la Faffe solicita una condena de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación, mientras que para el ex alcalde de Lebrija pide dos años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación como «cooperador necesario» de prevaricación y malversación.

El relato del fiscal Anticorrupción Fernando Soto en su escrito de acusación no tiene desperdicio. Fue Antonio Torres quien acudió «directamente» a Villén «pidiendo trabajo y éste accedió, con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones» para la fundación de la Junta. «Punto este innecesario, pues la Faffe venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público», dice el Ministerio Público.

De hecho, durante los ocho años que mantuvo la actividad, la Faffe recibió más de 300 millones de euros de subvenciones públicas. Esta fundación fue creada en 2003, durante la etapa del condenado por los EREJosé Antonio Viera como consejero de Empleo. Se extinguió en 2011, pero todos sus trabajadores quedaron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). También el ex alcalde de Lebrija, que en 2012, se mostró disconforme con el recorte de horario y sueldo que le aplicaron, como consecuencia de la crisis.

Aunque Torres fue contratado «con la excusa» de buscar fondos para la Faffe, «no consta que se encargara en ningún momento de este aspecto financiero». Para colmo, el ex alcalde «exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo e impuso sus condiciones laborales». A todo ello accedió Villén. El sueldo con el que fue contratado era de 46.750 euros anuales, si bien hubo una anualidad en 2010 en la que se embolsó 74.040,59 euros, más de lo que cobraba el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

El "grandilocuente" nombre del puesto

Como el organigrama administrativo de la Faffe no contemplaba un puesto de las características que exigía el ex alcalde de Lebrija, Villén le creó uno «ad hoc», con el «grandilocuente nombre de dirección de relaciones externas», afirma el fiscal. «Este departamento es inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito. De hecho, el acusado no acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno», subraya el escrito de acusación de la Fiscalía.

El ex alcalde se hizo con una tarjeta de visita con el anagrama de la Faffe y el logotipo de la Junta de Andalucía. «No tenía más dependencia jerárquica y funcional que la de Fernando Villén», precisa el fiscal que subraya que Torres «nunca se integró en el comité directivo, ni acudió a ninguna de sus sesiones».

«Los escasos trabajos, reducidos a contactar con algún político o autoridad», en el tiempo que estuvo en la Faffe «los hizo siempre desde su domicilio y con medios propios, ordenador y cuenta de correo genérica y gratuita, tipo hotmail o gmail», remata el fiscal.

Las excusas

En abril de 2021, en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre la Faffe, el ex alcalde de Lebrija trató de defender su trabajo en la Faffe. Entonces, justificó su sueldo de casi medio millón de euros a lo largo de ocho años con una relación de diez convenios de colaboración de la fundación de la Junta con otras entidades, algunos de los cuales ni siquiera llegaron a materializarse y con las «reuniones previas» que mantuvo para preparar esos acuerdos y redactarlos. Admitió que fue contratado sin proceso de selección y tras ofrecerse él mismo. Alegó que ni siquiera envió su currículum, pero que «nunca» tuvo que enseñar su «carné» del PSOE. No fue necesario.