María José López, exconsejera de Justicia de la Junta con el PSOE, condenada por prevaricación y falsedad documental
María José López, exconsejera de Justicia de la Junta de Andalucía y exdirectora de Cetursa, la empresa pública que gestiona Sierra Nevada, ha aceptado una pena de dos años de prisión y cinco años y tres meses de inhabilitación por la comisión de los delitos de falsedad en documento público y prevaricación, respectivamente, mientras ejercía su cargo al frente de la estación de esquí.
En una sentencia de conformidad emitida por la Audiencia Provincial de Granada, que elimina así el juicio que estaba previsto para la próxima semana, entra en detalle al recordar que, entre 2012 y 2017 se establecieron unas medidas económico-financieras para paliar los efectos de la crisis y contener el gasto público, medidas que entraron en vigor en 2013.
De acuerdo con éstas, se imponían límites retributivos a las personas que ocupaban cargos de alta dirección y para los directivos no sujetos al convenio colectivo de Cetursa. En 2015 no podían superar los 55.277,23 euros anuales; en 2016, los 55.830. Y en 2017, los 58.848,66.
Sin embargo, uno de los acusados, de iniciales A.O., percibió durante ese último año 68.980,95. Esto, en un contexto en el que «las retribuciones eran muy dispares», según recoge textualmente la sentencia, emitida este viernes 28 de marzo.
En cuanto a María José López, la Audiencia destaca que era «la responsable de la determinación de los sueldos» y que, pese a «tener conocimiento» de esas limitaciones presupuestarias antes mencionadas, junto al resto de acusados, «de común acuerdo y de forma consciente», incumplieron las normas.
Incluidos en el convenio
En concreto, en 2014 acordaron incluir a directivos en el convenio colectivo de Cetursa. El 15 de diciembre de ese año decidieron «el cese de directivos y su designación como jefes de servicio sujetos a convenio, una modificación unilateral para evitar la disminución de sus retribuciones».
Según la sentencia, María José López habría traspasado ligeramente el tope presupuestario fijado, puesto que en 2016 percibió 56.493,36 euros. Sin embargo, más llamativo es que cobrara un complemento por antigüedad cuando en su contrato no figuraba esa posibilidad. De esa forma cobró 3.002 euros, cantidad que ya ha devuelto.
En la parte resolutiva, la sentencia condena a María José López y al otro acusado por los delitos de prevaricación administrativa continuada y falsedad de documento público a las penas de dos años de prisión y cinco años y tres meses de inhabilitación especial, así como a una multa de diez euros diarios durante tres meses.
A la exconsejera se le aplican las atenuantes de dilaciones indebidas, confesión y disminución de daños. Se acuerda también la suspensión de las penas por un periodo de tres años, así que López no entrará en prisión a no ser que durante ese tiempo incurra en responsabilidad penal.
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