El Gobierno paraliza el recorte de jornada ante la dificultad de conseguir apoyos

El calendario que manejaba Trabajo pasaba por que una vez superado el CES, el Consejo de Ministros tramitaría el proyecto por la vía de urgencia. Pero la sucesión de traspiés que ha sufrido Pedro Sánchez en el Congreso, con el decreto ómnibus o el impuesto energético, así como la dificultad de sacar adelante los Presupuestos, han provocado que La Moncloa haya optado por retener la ley de reducción de jornada. En cualquier caso, fuentes de Trabajo aclaran que «se llevará tan pronto como sea posible», porque «hay que encontrar el momento» para que entre en el Consejo, «al que van muchas otras cuestiones calendarizadas».

Yolanda Díaz anticipa una batalla con las empresas con el despido y los becarios

Susana Alcelay

Ultima la aprobación de la norma que regula el trabajo en prácticas, que carga más gastos a los empleadores y fija multas de hasta 225.000 euros

La cuestión reside en saber si existen los apoyos necesarios para aprobar la medida habida cuenta de reticencias que ha mostrado Junts -sus siete votos vuelven a ser claves- y la presión que ejerce la patronal para que la ley no salga adelante en los términos en los que está planteada tras pactarla Díaz con los sindicatos.

Aunque las conversaciones son constantes entre el Ejecutivo y los independentistas catalanes, el fantasma de otro 'no' de última hora ha puesto en defensa al Gobierno. Porque a Junts llegan cada vez más presiones para que haga caer esta ley. A las visitas que los empresarios catalanes han realizado a Carles Puigdemont a Waterloo se unen ahora los contactos con las patronales catalanas, muy vinculadas a las pymes, los negocios más afectados por la llegada de las 37,5 horas semanales.

El Ministerio de Trabajo no es el único que intenta convencer a los grupos para que aprueben la norma. Otros departamentos, como el de Economía, se encuentran en continuo contacto con todos los agentes implicados a través de «negociaciones parlamentarias que están en curso». Esas conversaciones supondrían retoques en la ley que aún está sin tramitar con plazos más abiertos para determinadas empresas; una flexibilización del registro horario; o cambios en la gestión de las horas extra.

Sin embargo, aunque fuentes gubernamentales descartan que el proyecto de ley decaiga, si transcurren demasiadas semanas, el proyecto se tambalearía. Si eso ocurre, la patronal apunta que el Gobierno tendría que acceder a que sea a través de la negociación colectiva la forma en la que se vaya implantando la reducción de jornada laboral. Ese escenario es en el que se encuentran ahora mismo los Presupuestos del Estado para este año: no hay visos de apoyos, y sin asegurarse los votos, el Ejecutivo no quiere iniciar una tramitación que acabe encallada.

Cualquier cambio que se negocie llegaría en el camino parlamentario que tendría que recorrer la norma en las Cortes. Porque la idea de Díaz sigue siendo llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley tal y como está redactado en la actualidad. Eso sí, podría incluir algunos cambios técnicos propuestos desde el Consejo Económico y Social y que se están negociando con los sindicatos, según Trabajo. El informe del CES llegó a dudar de la efectividad de la reducción de la jornada laboral y criticó por inconsistentes las previsiones de cómo podría afectar sobre todo a los pequeños negocios y al empleo.