Un Sánchez "acosado" pide en balde "reformar" la Constitución y el PP le acusa de crear "una cortina de humo"

La Constitución cumple 46 años y su aniversario ha sido todo menos una celebración en la arena política. Lejos del espíritu de concordia y diálogo que la vio nacer, los partidos se enfrentan ahora, utilizándola como arma arrojadiza, en una lucha sin cuartel irreversible.

Gobierno y oposición pusieron de manifiesto ayer que todos los puentes están rotos, que nada les une y que entre ellos sólo hay acusaciones y animadversión. La concesión de una amnistía, a quienes atacaron precisamente los pilares constitucionales en 2017, a cambio de votos para investir a Sánchez; la cesión de una financiación singular a Cataluña a cambio del apoyo de una parte del independentismo para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa y, sobre todo, los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al PSOE y a los entornos personales del presidente del Gobierno y de la presidenta de la Comunidad de Madrid son motivos suficientes para que los dos grandes partidos rechacen de plano «abrazar el acuerdo» que ayer reclamó la presidenta del Congreso, Francina Armengol, e imposibilitan de todo punto una «reforma» de la ley fundamental para «blindar derechos» como sugiere ahora Sánchez.

El clima de disputa se enseñoreó desde antes incluso de que diera comienzo el acto de homenaje en el Congreso. Núñez Feijóo abrió fuego acusando, primero, a los socios en los que se apoya el Gobierno, de ser los primeros en «no asumir los principios constitucionales de igualdad» con sus reclamaciones continuas de privilegio, con su constante desafío secesionista y con sus ataques al «régimen del 78» y a la monarquía parlamentaria y, después, reprochando al propio Ejecutivo que prefiera estar «más cerca» de estos aliados que de la propia ley fundamental.

«No se puede celebrar un día la Constitución y conculcarla durante el resto del año», afirmó el líder popular, que culpa al Gobierno no sólo de haber «nacido en contra del principio de igualdad gracias a la ley de amnistía» sino también de «colonizar todas las instituciones, no respetar al Senado, atacar la libertad de expresión y deteriorar la independencia judicial».

Para Feijóo si hay una seña de identidad que defina al Gobierno de Sánchez es su desprecio a la separación de poderes y sus arremetidas contra quienes señalan e investigan los casos de corrupción que apuntan a ministros, dirigentes del PSOE y familiares del presidente. Para el líder del PP, con estos mimbres no hay ya ninguna duda de que la legislatura está «agotada» y aunque Sánchez se empeñe en resistir lo único que logrará será transitar un calvario arrastrando en el vía crucis a toda la ciudadanía.

El presidente del Gobierno tiene una visión opuesta del escenario político actual y futuro. Da por hecho no sólo que terminará el mandato sino también que en 2027, cuando tocaría celebrar nuevas elecciones generales, se demostrará que los votantes progresistas han establecido un lazo poco menos que inquebrantable con él y con sus políticas y le darán la victoria para seguir al frente de un país que «será mejor que el actual».

Pedro Sánchez asegura ahora sentirse «acosado» desde tres frentes: «el político, el judicial y el mediático» pero advierte que, al final, «el acoso se volverá contra los acosadores». Insiste en que él ya vio venir la tormenta cuando la pasada primavera decidió tomarse cinco días de reflexión a la vista de las acusaciones que se centraban en su mujer, Begoña Gómez. En ese momento decidió plantar cara pero «no para resistir», como define la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la actitud del Ejecutivo, sino para «seguir avanzando».

Ayer, ante la prensa, hizo campaña de sus propios logros, esos que según La Moncloa no llegan a la ciudadanía ahogados por el «ruido» que propala la oposición «de derecha y ultraderecha», y afirmó que «España vive uno de los mejores momentos de su historia en términos de crecimiento y creación de empleo, en reducción de la desigualdad y en cohesión territorial».

En relación con la salud de la Constitución, el presidente hizo hincapié en que bajo su mandato, la ley fundamental del Estado «se cumple en todos los territorios», en velada comparación con el ataque que el independentismo catalán lanzó contra ella en octubre de 2017, cuando presidía el Gobierno Mariano Rajoy. Y mantiene ahora que la mejor manera de defender la Carta Magna es «reformarla para blindar en su texto los derechos sociales» que se han ido consiguiendo estos años.

Esta apuesta por la reforma constitucional no es, sin embargo, más que un brindis al sol, una suerte de guiño imposible a las formaciones situadas a su izquierda, porque Sánchez es consciente de que abrir cualquier posibilidad de modificación de la Carta Magna requiere inevitablemente un acuerdo firme con Feijóo para evitar que, precisamente sus socios, intenten torpedear su línea de flotación.

El presidente lanzó la idea, en opinión de los populares, como una suerte cortina de humo para distraer la atención de los casos judiciales que afectan a miembros del PSOE, a su esposa y a su hermano y tapar además el empantanamiento de una legislatura sometida al «chantaje de las formaciones minoritarias» y que ni siquiera tiene visos de contar con unos nuevos Presupuestos Generales.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, siguió la línea marcada por el presidente y también hizo referencia a la necesaria revisión constitucional, «generosa y flexible», en algún punto pero, en su caso, admitiendo las dificultades que conllevaría tal empeño. Armengol prefirió en su discurso institucional llamar a las fuerzas políticas a «enlazar puntos de vista, acercar posiciones y ceder ante el bien común». «El Congreso», dijo, «tiene que parecerse más a la sociedad que representa».

En su opinión, las prioridades urgentes en las que se deberían centrar las fuerzas políticas pasan por luchar contra la pobreza, repartir equilibradamente la riqueza, garantizar el derecho a una vivienda digna, combatir la desinformación, dotar de recursos a la ciencia, erradicar la violencia machista y luchar contra el cambio climático.