Representantes de las asociaciones convocantes (cinco de las siete) han denunciado este martes que el Ministerio no acepta ninguna de las propuestas de estos colectivos ni tampoco «ofrece alternativas ni muestra apertura al diálogo» hasta el punto de plantear dudas sobre el derecho de huelga de jueces y fiscales, un derecho dicen, que «se ha venido consolidando y reconociendo en los últimos años», lo que no se compadece en modo alguno «ni con el efectivo y responsable ejercicio del mismo tenido lugar en múltiples ocasiones anteriores sin cortapisa alguna, ni con el efectivo detraimiento de haberes que por parte del Ministerio de Justicia tuvo lugar con ocasión del conflicto colectivo acontecido en el año 2018».
Recuerda que, en contra de lo que el texto sostiene, no se hace una reforma integral de la institución para asumir las investigaciones penales; la autonomía de los fiscales no está garantizada, dice
Fuentes de Justicia precisan que el Ministerio ha dirigido un oficio al CGPJ para que se pronuncie sobre el derecho a la huelga de los jueces, algo que en la carrera judicial no ha sentado nada bien porque interpretan este gesto como un «amedrantamiento más».
El ministro Bolaños, cuya imputación ha pedido al Supremo este martes el juez del caso Begoña, rechaza retirar las medidas más lesivas, y mantiene la vía de urgencia en la tramitación de las reformas en el Parlamento, entre ellas la del acceso a la carrera, una modificación que, como denuncian ambos colectivos, perjudica a los opositores y facilita el acceso a la judicatura por la puerta de atrás dejando de premiar el esfuerzo, el mérito y la capacidad. Tampoco se abre el ministro a revisar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, a juicio de las asociaciones supone un grave retroceso a la autonomía del Ministerio Fiscal y que ha merecido las críticas del Consejo General del Poder Judicial en su informe al anteproyecto, como informó ayer ABC.
De esta forma jueces y fiscales mantienen las medidas de conflicto colectivo, entre las que se encuentran la concentración este sábado ante el Tribunal Supremo, «estrictamente institucional, sin componente partidista alguno, para visibilizar la importancia del Poder Judicial como pilar esencial del Estado de derecho«, y la huelga para los días 1, 2 y 3 de julio.
Respecto a la primera de ella aclaran que «no constituye una protesta contra ningún poder del Estado, sino una manifestación cívica en defensa de la independencia del Poder Judicial y del acceso profesional e igualitario a la carrera«.
Según informaron los convocantes, durante la reunión de ayer con el secretario de Estado Manuel Olmedo, el comité de huelga partió de la premisa de la retirada íntegra del proyecto, pero el Ministerio «no estuvo dispuesto ni a cambiar lo mas lesivo y, a pesar de que los argumentos fueron concretos, justificados y técnicamente fundamentados«.
Los representantes del comité insistieron también en la necesidad de que este proyecto legislativo se tramite por el cauce ordinario, «garantizando así un tratamiento riguroso, técnicamente sólido, consensuado y sosegado», pues «una tramitación acelerada en el contexto actual no permitirá alcanzar estos objetivos».
«Si no se retira el proyecto legislativo objeto de conflicto, se llevará a cabo una huelga legítima, proporcionada y responsable. Esta medida busca la defensa de los principios básicos del Estado de Derecho, así como de unas condiciones profesionales dignas y respetuosas con la función jurisdiccional», avanzan.