Por ello, los municipios, de todos los colores políticos, han estado durante todo el año pidiendo eliminar esta condición y así poder destinar los ahorros a las inversiones para los vecinos. Una reclamación popular que aprobó el Congreso este jueves, a pocas semanas para que acabe el año. Es decir, «tarde y mal», en palabras del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien reivindica que los ayuntamientos «serios» ya habían presentado sus presupuestos.
Así, en el caso de Madrid, que ve cómo el Gobierno ha frustrado sus planes de crear vivienda con los 483 millones de euros disponibles. En su lugar, ha optado por continuar con el plan previsto y no caer en la «estafa» del Gobierno central, que ahora sí permite a las localidades destinar sus ahorros en inversiones, pero siempre que se haga en un plazo máximo de un año. Lo que resulta imposible, a ojos del Ejecutivo de Almeida: «El Ministerio de Hacienda pretende que el Ayuntamiento de Madrid proyecte, licite, adjudique y ejecute vivienda en el plazo de un año natural para poder utilizar esos fondos. Es una tomadura de pelo para el problema más grave que hay en tantas ciudades, como la vivienda».
El Gobierno impone unos requisitos a las entidades locales a la hora de destinar este ahorro. Primero, solo pueden emplearse a inversiones financieramente sostenibles; es decir, a la prestación de servicios esenciales, como pueden ser alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.
El Ayuntamiento de Madrid reduce su deuda a 1.542 millones de euros, la cifra más baja de los últimos 20 años
Y, segundo, bajo un tiempo reducido. «En el caso de que un proyecto de IFS no pueda ejecutarse íntegramente antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes de 31 de diciembre de 2026», concreta el Ministerio de Hacienda.
Un texto que para el área municipal de Hacienda ha generado falsas expectativas a los ayuntamientos, dando a entender que se les permitiría destinar sus ahorros en inversiones plurianules durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, entre las que se incluyen actuaciones en materia de vivienda. «Sin embargo, la realidad no es esta, ya que la letra pequeña del real decreto ley sólo permite a los ayuntamientos destinar una cantidad inferior de su remanente y superávit a la ejecución de inversiones financieras sostenibles, entra las que se incluyen las mismas actuaciones de toda la vida, con la salvedad de que éstas se inicien en 2025 y finalicen en diciembre de 2026», apuntan desde Cibeles.
Por ello, la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, insiste en que «no hay nadie que pueda hacer una vivienda en un año, ya que el plazo mínimo de construcción de la misma son 30 meses», ha añadido la artífice de los presupuestos en rueda de prensa, quien achaca la decisión 'in extremis' del Gobierno central al «pago de un nuevo peaje» a su socio independentista Junts, que, quizá, sí puede beneficiarse de la medida «porque conociera las reglas del juego» antes que nadie.
Así, la administración local explica que en lugar de invertir en el disfrute de los vecinos, como es a construir vivienda de cero, en Madrid se escoja finalmente reducir la deuda y llevarla incluso a la cifra más baja de los últimos 20 años: pasa de 1.943 millones de euros a 1.542,6 millones de euros. Según los cálculos municipales, la deuda por habitante en Madrid se situará a final de este ejercicio en 451 euros, mientras que la deuda por habitante que soporta cada ciudadano español procedente de la Administración del Estado era de 31.851 euros a 30 de junio de 2025, último dato publicado por el Banco de España, es decir, 70 veces más.
En todo caso, Hidalgo ha remarcado que la solvencia financiera de Madrid está «avalada» ya que, además, el Consistorio cuenta con ahorros acumulados de años anteriores: «Intentaremos utilizarlos en inversiones anuales como fija el decreto e iremos determinando a lo largo del año, lo que no se puede es hacer vivienda en un año». De este modo, tal y como ha explicado la delegada, se sentará con el resto de áreas para fijar aquellas inversiones que son necesarias y que no están en el presupuesto ordinario, como pueden ser operaciones de asfalto o reparaciones e colegios que se pueden iniciar y finalizar en el plazo de un año.