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Okupada y expulsada: una mujer de 90 años recupera su casa pero la echan por allanamiento de morada
A sus 90 años, Dolores Rocha vive en un constante estado de angustia. Al menos cuando la memoria no le falla y recuerda, sin poder contener las lágrimas, que el piso de su hijo fallecido ha sido okupado de la manera más surrealista. La anciana pasa sus días más amargos en un pueblo de Segovia, acompañada de su hija Ana, donde trata de recomponerse y afrontar junto a los suyos la difícil situación. «Mi madre ya tiene una edad y a ratos se le olvidan las cosas, pero cuando le viene a la mente se enfada y se echa a llorar», resume la propia Ana, consciente de que su hermano Antonio, tercer y último vástago de Dolores, estuvo a punto de acabar detenido. Pero mejor vayamos al principio.
Hace doce años, la desgracia sacudió a Dolores tras la muerte de su hijo Javier aquejado de un cáncer de colon. «Se nos fue en apenas un año», recuerda Ana, todavía hoy con la voz entrecortada. Al estar separado y no tener descendencia, la vivienda de Torrejón de Ardoz en la que residía pasó a manos de su madre. Se trata de un tercer piso ubicado en el número 24 de la avenida de Madrid, con tres habitaciones, dos cuartos de baño, piscina comunitaria y una reforma de más de 15.000 euros acometida al salir de la pandemia. «Al principio lo alquilamos a una familia y no hubo ningún problema, pero al acabar el contrato se marcharon y decidimos hacer una obra integral para arreglar la calefacción y otros desperfectos», prosigue.
Fue en mayo de 2022, cuando Dolores y su prole volvieron a poner el piso en el mercado, aunque esta vez optaron por arrendarlo a una inmobiliaria de la zona a cambio de 950 euros. «Ellos luego lo iban a alquilar por habitaciones, porque en teoría era para que vivieran allí algunos de sus empleados», relata. Hasta ahí todo normal: un contrato de arrendamiento y unos pagos que llegaban puntuales cada mes. Una situación como otra cualquiera, de no ser porque uno de los alojados hacía más de un año que no soltaba un duro a la agencia. «En diciembre del año pasado le denunciaron en el juzgado, pero como los otros dos sí que pagaban, podían ir manteniendo el contrato», explica Ana, antes de saber que este inquiokupa se iba a quedar con todo el piso después de marcharse definitivamente sus compañeros.
Con la cuenta de pagos a cero, un responsable de la inmobiliaria acudió el pasado 11 de agosto al domicilio y comprobó que este sujeto, Juan José C. V., había cambiado la cerradura de la puerta de entrada. Tras ello, llamó a la Policía y entre todos llegaron a la conclusión de que la casa estaba vacía. «Preguntaron a los vecinos y estos les dijeron que hacía días que no le veían», remarca la hija de Dolores, por lo que la agencia le trasladó la situación a la familia y ambas partes firmaron de común acuerdo la resolución del contrato de arrendamiento.
Así, el miércoles 13, Dolores, Antonio y Ana se desplazaron por la mañana hasta la vivienda acompañados de un cerrajero y colocaron una nueva cerradura. Comprobaron, además, que la vieja era en realidad un dispositivo electrónico que no se abría con llave. Y ya en el interior, convencidos de que todas las habitaciones estaban deshabitadas, retiraron algunos enseres y empezaron con las tareas de limpieza. Un arduo trabajo que los años de Dolores no perdonan. «Nosotras nos fuimos y se quedó mi hermano solo», apunta Ana, sin dar crédito a lo que iba a ocurrir a continuación. A eso de las seis de la tarde, el okupa llamó a la puerta acompañado de la Policía.
Este individuo, de no más de 30 años, afirmó ante los agentes vivir ahí y les entregó la llave del candado de la habitación para que pudieran cerciorarse de tal afirmación. Mientras tanto, Antonio enseñó el documento firmado con la agencia y avisó al resto de familiares. «La Policía le dice que tiene que salir porque está allanando la morada», revelan los afectados, convencidos de que en ese momento los uniformados no conocían la cara oculta de la historia. Para arrojar luz, los nietos de Dolores llevaron a toda prisa a la nonagenaria con las escrituras encima. El extraño devenir de los acontecimientos hizo torcer el gesto a los agentes. «Al ver a mi madre desesperada, entendieron la situación y trataron de convencer a la persona que los había llamado para que se marchara voluntariamente de la casa», sostienen; aunque nada de eso iba a ocurrir.
Intento de chantaje
Los damnificados tienen claro que el joven okupa está muy bien asesorado. «En ningún momento perdió la calma, solo repetía que él vivía aquí», advierten, con un capítulo reciente en la memoria que deja a las claras su perfil: «Cuando la agencia nos dijo que este inquilino no pagaba, mi hermano fue a hablar con él y este le chantajeó». Primero le pidió 4.500 euros por abandonar la casa, una cantidad que luego redujo a 2.000 al recibir la negativa por respuesta. Por si fuera poco, sospechan que la cerradura digital que colocó en realidad hacía las veces de alarma, lo que explicaría que se presentara a las horas de entrar ellos, después de varios días de ausencia en el inmueble.
Sea como fuere, lo cierto es que ahora solo les queda confiar en la justicia, la misma que sienten haberlos dejado desamparados. «La ley está totalmente en nuestra contra. Nosotros somos personas sencillas y trabajadores. El piso lo tenemos por una desgracia, que ojalá nunca hubiera pasado, y resulta que mi hermano casi acaba detenido», sentencia Ana, totalmente resignada.
Para tratar de acelerar el proceso de desahucio, la inmobiliaria les ha ofrecido adherirse a su denuncia, de tal forma que el contador no se vuelva a poner cero. Pese a que Dolores está escayolada por una caída en la que se fracturó el radio, el 14 de agosto presentó una denuncia en los juzgados de instrucción de Torrejón de Ardoz. Tanto ella como sus hijos se han dado unos días de paz. «Esperemos que al menos sirva para que no se lo haga a nadie más», sentencian. Impotentes, pero con las fuerzas necesarias para pelear por lo que es justo. Y suyo.
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