La ley de inmigración crea una nueva crisis política en Francia y abre grietas dentro del macronismo
Marine Le Pen votando a favor la ley de inmigración del Gobierno de Emmanuel Macron y los diputados del partido de Macron votando en contra de su propia ley de inmigración. Esta contradicción puede ocurrir este martes en la Asamblea y escenifica el nuevo episodio de crisis política en Francia a raíz del debate de este polémico proyecto.
El tenso debate sobre la ley de inmigración francesa y su votación en las cámaras, prevista este martes por la noche, evidencia varias cosas: la debilidad del Gobierno y la posición de dominio de la derecha y la ultraderecha, que se han hecho con las riendas del debate, mientras el bloque de izquierda sigue desinflándose. Evidencia la situación de bloqueo que vive el país, pues, sin mayoría en la Asamblea, el presidente, Emmanuel Macron, tiene las manos atadas y necesita pactar.
El bloqueo político arroja situaciones paradójicas como la citada: Le Pen, líder del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional y rival de Macron, ha anunciado que va a votar a favor de la ley, mientras que parte de los macronistas (diputados de su partido o de las formaciones que apoyan al Gobierno) amenazan con rebelarse y votar en contra de un texto que consideran que se ha derechizado en exceso y es una traición. Se plantea el dilema de sacar adelante una ley gracias al apoyo del partido de Le Pen. Varios ministros lo tienen claro y han amenazado incluso con dimitir si sale.
El Elíseo ha convocado una reunión de urgencia esta tarde para tratar de desatascar el debate. El texto, que ya ha validado el Senado, se vota en unas horas en la Asamblea. Se apruebe o no, expone los retos que tiene por delante Macron en lo que le queda de mandato, hasta 2027: no sólo lo tiene cada vez más difícil para aprobar sus reformas, sino que empieza a haber fisuras dentro de su campo, pues el ala más a la izquierda critica una derechización de la política.
La inmigración es uno de los temas más recurrentes de la extrema derecha de Le Pen, que aspira a ganar en las elecciones europeas que se celebran en unos meses. El Gobierno había presentado un proyecto inicial equilibrado, que buscaba "controlar la inmigración y mejorar la integración" y que intentaba contentar a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, el texto final que se va a votar en las cámaras este martes ha virado a la derecha, que lo ha ido modelando, aprovechando su situación de fuerza en el Senado.
También tiene mayoría en la Comisión mixta paritaria, un grupo creado la semana pasada para desatascar la ley y que ha pactado con el Gobierno el borrador final. Formada por 14 senadores y diputados, estos han discutido durante una semana los flecos de la norma. El partido de Marine Le Pen ha reivindicado una "victoria ideológica" del texto. Y eso sin haber protagonizado el debate, pues han sido Los Republicanos los que han marcado las líneas rojas. Le Pen sale como vencedora de esta crisis, mientras que, dentro de la mayoría presidencial, se critica que se estén desdibujando los valores del macronismo, que se vendía como una corriente "ni de izquierdas ni de derechas". La izquierda ha criticado "el deshonor total" y denunciado que el Gobierno haya cedido a las presiones con tal de aprobar esta ley.
La ley de inmigración es la más importante de este segundo mandato de Macron, tras la de las pensiones, que se aprobó la pasada primavera por decreto (precisamente por la falta de mayoría parlamentaria), con mucha polémica y con gran parte del país en contra. A diferencia de entonces, la de inmigración sí la apoya una mayoría de franceses.
La idea del texto, en origen, era facilitar las expulsiones de los extranjeros que han cometido delitos pero, a la vez, facilitar la integración de los que aportan a la sociedad. La filosofía inicial se ha desdibujado. La derecha quería un texto disuasorio para los extranjeros que quieran instalarse en Francia, hacer el país "menos atractivo".
Este es el objetivo de muchos de los puntos que figuran en la ley. Los extranjeros tendrán que pasar más tiempo en territorio francés para poder acceder a las ayudas sociales y se va a reformar la ayuda médica estatal, el dispositivo del que se beneficiaban los sin papeles. También se complican las condiciones para los que vienen a trabajar e incluso a estudiar. Estos últimos tendrán que justificar su desempeño y depositar una especie de fianza, que se les devolverá al abandonar el país, al concluir su formación. Se aumentan las tasas de inscripción para ellos.
Se ha descafeinado el artículo que permitía regularizar a los trabajadores sin papeles en sectores donde falta mano de obra. Ahora no será automático, sino que dependerá de los prefectos y se analizará caso por caso.
La ley complica incluso ser francés: Los hijos de extranjeros nacidos en el país ya no tendrán la nacionalidad automática. Tendrán que pedirla voluntariamente entre los 16 y los 18 años. Llegar sin papeles a Francia vuelve a ser un delito y se le podrá retirar la nacionalidad a los binacionales que hayan cometido un delito contra un gendarme o policía. Para pedir la nacionalidad habrá que esperar más tiempo (10 años en lugar de cinco) y establece cuotas plurianuales en la Asamblea.