Shakira acepta tres años de cárcel y una multa de siete millones para no ingresar en prisión

Tres “sí” y un “gracias”. Con esas escuetas palabras ha aceptado Shakira, este lunes, que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014. Tras semanas de negociaciones, la cantante colombiana ha pactado finalmente con las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Generalitat) una pena de tres años de cárcel y el pago de una multa de 7 millones de euros. A cambio de aceptar los hechos, el acuerdo rebaja de forma sustancial la pena solicitada para Shakira (que inicialmente era de ocho años y dos meses de cárcel). El acuerdo pasa también por la sustitución de la pena de prisión por una multa (otros 432.000 euros), de manera que no tendrá que ingresar en la cárcel. La sentencia se ha dictado de viva voz este mismo lunes y es firme, por lo que Shakira no tendrá que someterse a ninguna sesión de un juicio que, tal como estaba diseñado, iba a ventilar su día a día en Barcelona durante los años en que mantuvo una relación sentimental con el exdefensa del Barça Gerard Piqué.

“Ahí vamos”, ha dicho Shakira a los periodistas al entrar en la Audiencia de Barcelona, al filo de las 10 horas, cuando estaba previsto el inicio del juicio. La sesión ha durado al final apenas dos minutos, los que el magistrado ha necesitado para informar de que se había alcanzado un escrito de conformidad. Shakira se ha puesto delante del micrófono para decir que estaba al corriente del acuerdo, que lo aceptaba y para dar las gracias al tribunal.

Con el acuerdo, Shakira admite que, entre 2012 y 2014, era residente fiscal en España y debía pagar aquí sus impuestos. Esa ha sido, desde el inicio de la investigación, la cuestión a debate. La cantante siempre defendió que en ese periodo era una nómada que viajaba por todo el mundo dando conciertos y que sus únicas visitas a Barcelona, siempre esporádicas, eran para visitar a Piqué. La Agencia Tributaria llevó a cabo una intensa investigación contactando con proveedores de servicios y profesionales que asistieron a Shakira en esa etapa, y llegó a la conclusión de que pasó más de la mitad del año en España, condición necesaria para que un ciudadano sea considerado residente fiscal.

La investigación se basó en la recopilación de testigos que, a partir de este lunes, iban a desfilar por la sala de vistas para dar cuenta de la vida de la cantante en esa época. Con el pacto, no será necesario, y Shakira se ahorrará una exposición pública que la vincula a un hecho delictivo. Fuentes de su entorno aseguran que esas ganas de pasar página y dejar atrás su etapa en Barcelona han sido decisivas a la hora de alcanzar un pacto que, en dos ocasiones anteriores, se había resistido sin éxito.

El primer intento de alcanzar un acuerdo se produjo en el verano de 2022. Los términos eran muy similares a los que se han sellado este lunes: Shakira aceptaría una pena de prisión de no cumplimiento, asumiría los hechos y pagaría una elevada multa. Las negociaciones no fructificaron, en parte por la insistencia de Piqué en que peleara contra Hacienda porque podía ganar el caso. La artista acabó dando un portazo a la Fiscalía y la acuso de “intransigente”. A los pocos días, el ministerio público presentó su escrito de acusación: una petición de ocho años y dos meses de cárcel y el pago de una multa de 23,5 millones de euros.

Las conversaciones quedaron congeladas. Pero, a medida que se acercaba la fecha del juicio (fijada para el 20 de noviembre), y sobre todo tras su ruptura con Piqué, Shakira volvió a buscar el pacto. Cambió de abogados y fichó al penalista Pau Molins, que ganó un caso muy similar, también sobre la condición de residente fiscal de un cliente: el exmotociclista Sito Pons. Con la intención de hacer borrón y cuenta nueva, Molins volvió sobre las negociaciones con la Fiscalía el pasado verano, pero no se concretaron y todo apuntaba a que habría juicio. Hasta hace unas semanas cuando, ante la perspectiva de una exposición prolongada, Shakira pidió que se redoblaran esfuerzos para no celebrar el juicio.

Pese al pacto, sus problemas con la justicia en España no se han terminado. La Fiscalía presentó una segunda querella por presunto fraude en Hacienda en 2018. La acusa de defraudar seis millones de euros por utilizar un “entramado de empresas” para “simular” la cesión de derechos a empresas instrumentales. El ministerio ha pedido que la Interpol notifique a la artista, que reside en Miami, la querella y la citación para que declare como investigada por dos delitos fiscales.

Por mi familia

En un comunicado enviado en el mismo momento en que Shakira entraba en la sala de vistas, su equipo ha informado de que el pacto es fruto del “desgaste y el tiempo” que el proceso supone para la artista. El objetivo es poner “punto y final” al proceso y “evitar el impacto de la exposición mediática”. “Shakira ahora siente la necesidad de priorizar su carrera y su estabilidad y y la de sus hijos”, agrega el escrito.

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, agrega Shakira en ese comunicado. “No es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida”, remacha antes de expresar su admiración por otros procesados por los mismos delitos (cita expresmante al exjuador del Real Madrid Xavi Alonso y al exmotociclista Sito Pons) “que han luchado hasta el final”. “Para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo”, dice la artista. “Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone”.

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