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Eliminar pruebas es una prueba
El hecho indiscutible es que el móvil del todavía fiscal general del Estado estaba vacío cuando fue analizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No es que no contuviera pruebas de la filtración de secretos profesional que perjudicaban a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sino que, si las había, han desaparecido. La Fiscalía ha explicado que un protocolo de seguridad fechado en 2019 obliga a borrar mensajes en los teléfonos móviles, documento genérico que no especifica ni la caducidad de los mismos ni los procedimientos técnicos aplicados para el borrado; los criterios seguidos para la selección de mensajes y el personal especializado que lo lleva a cabo, por ejemplo. Y teniendo en cuenta que el afectado es el fiscal general del Estado y que se encuentra investigado por un delito de revelación de secretos cometido con el uso de tecnología telemática, la Fiscalía o el propio Álvaro García Ortiz tendrán que explicar cuándo se produjo el borrado y cómo es posible que no advirtieran de este hecho al magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Este silencio es un acto de mala fe que nada tiene que ver con el derecho de defensa. Una mala fe especialmente reprobable a quien, a día de hoy, sigue siendo el máximo responsable de los fiscales españoles, los mismos que diariamente solicitan a los jueces de instrucción el volcado de móviles para hallar pruebas de los delitos que investigan y que consideran un indicio de criminalidad la manipulación de estas fuentes de prueba. Y aunque se hubiera borrado procedimentalmente en su día el contenido de los mensajes que albergaba el móvil de García, debería ser este quien más interés tuviera en rescatar la temática y el alcance del resto de los mensajes que intercambió en esas fechas, con el fin de demostrar que no hubo ninguno que hiciera referencia al novio de Isabel Díaz Ayuso. Eso sería colaborar con la Justicia, algo que se le debiera suponer al máximo representante del Ministerio Público en España.