Los titulares de los Juzgados de Instrucción 6, 19 y 20 de Madrid, con competencias en el control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), han acordado requerir al Ministerio del Interior y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que adopten “con carácter urgente” medidas para poner fin a la situación de hacinamiento que sufren los 244 solicitantes de protección internacional ―entre ellos 19 menores― que permanecen retenidos en diferentes salas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas mientras se resuelve su situación. Los magistrados consideran que la situación en la que se encuentran, con algunos “durmiendo durmiendo en colchones instalados en el suelo, sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad”, vulnera la intimidad de todos ellos.
El acuerdo de los tres jueces se produce tras la queja formulada por la Coordinadora Estatal del Servicio Jurídico CEAR, en la que denunciaba que, el pasado verano, se había producido un aumento exponencial del número de solicitantes de protección internacional ―agravada por los retraso en la formalización de las peticiones― en el aeropuerto madrileño que habían provocado una sobreocupación de las salas destinadas a acoger a los peticionarios durante los trámite en la Terminal 1, una de las dos de llegadas de vuelos internacionales del aeropuertos. Ello había provocado que tuvieran que derivarse a parte de ellos a la sala de inadmitidos (donde permanecen los extranjeros a los que se niega la entrada hasta que hay una plaza de avión para devolverlos a su lugar de origen) tanto de esta terminal como de la T-4, así como a la sala para solicitantes de asilo de esta última. Sin embargo, esta medida fue insuficiente ya que los 244 solicitantes de asilo superaban con creces las 166 plazas disponibles, “con el consiguiente deterioro de las condiciones higiénicas de las instalaciones y escasez de comida”, recoge la resolución judicial.
Los jueces detallan en su acuerdo que pudieron constatar la realidad de la queja en una visita realizada al aeropuerto, en la que comprobaron “el estado de hacinamiento existente en las Terminales T1 y T4 y el uso indebido de la Sala de Inadmitidos del aeropuerto para dar acogida al exceso de solicitantes de asilo que en estos momentos se encuentra en dichas terminales”. Los magistrados, que tildan la situación generada de “insostenible”, requieren a Interior y a la Policía que adopten “las medidas necesarias para solventar de forma eficaz la situación generada”.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska ya ha anunciado que habilitará, de forma provisional, nuevos espacios en el aeródromo madrileño y achaca la situación al “repunte de migrantes solicitantes de asilo que se ha registrado en los últimos meses” y que ha desbordado las instalaciones destinadas a ellos. Interior ha detallado a los jueces que, solo entre agosto y noviembre, se han recibido en el aeropuerto madrileño 1.357 solicitantes de asilo, frente a los 767 peticionarios de todo 2022. Fuentes del ministerio detallan que esto se ha producido por la gran cantidad de pasajeros que han venido sobre todo desde Kenia.
Un informe interno de la agencia europea de fronteras (Frontex) ya reveló el pasado verano que en los primeros ocho meses del año —y con especial incidencia desde el mes de abril— se había producido un inusual número de solicitantes de asilo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, sobre todo de ciudadanos con pasaporte de Kenia, de los que hasta entonces había llegado 400. El documento llamaba la atención en que, aunque la documentación que estas migrantes parecía válida, todo apuntaba a que, en realidad, sus portadores eran originarios de Somalia, un Estado fallido azotado por la violencia y el hambre.