Según las cifras ofrecidas por la Consejería de Justicia y Derechos Humanos, que desde junio de 2024 recae en la socialista María Jesús San José, a fecha de enero de 2026, de esa treintena sólo permanecen en ese régimen flexible (el 100.2) un total de 18 presos de ETA. El resto o han cumplido ya su condena o han progresado de grado. Estas cifras oficiales casan con lo que recogen otros observatorios como el de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia.
Ahondando en las cifras oficiales que hizo públicas la consejería en mayo de 2025 en respuesta a una solicitud de información realizada por el parlamentario del Grupo Popular Vasco Santiago López Céspedes, desde ese mes de octubre de 2021 y hasta el 27 de mayo de 2025, el Gobierno vasco resolvió favorablemente en 35 ocasiones ese artículo 100.2. De esos, hasta 30 (el 85%) fueron para presos de ETA y sólo cinco para presos comunes que no estaban condenados por terrorismo.
En el caso del ex jefe de la banda Txeroki, la aplicación de este artículo le permite salir de lunes a viernes a trabajar, si bien tendrá que regresar al centro penitenciario a dormir. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por ABC recuerdan que en su caso aun faltaría contar con el visto bueno del juez de Vigilancia Penitenciaria quien a su vez, antes de resolver, pedirá informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Cabe recordar que, según el observatorio penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de diciembre de 2025 en el global del año pasado se concedieron por el Gobierno vasco hasta 20 terceros grados. Ese régimen permite a los reos tener una vida en semilibertad porque pueden salir a trabajar o a realizar otras actividades teniendo que regresar al centro penitenciario o al centro de inserción social para dormir. A esto se suma la concesión de libertad por cumplimiento de condena para otros siete -a alguno se le refundió la pena cumplida en Francia- por lo que a fecha de 31 de diciembre de 2025 aún había 124 presos de ETA en cárceles españolas, de los que sólo el 47% no tiene algún beneficio penitenciario que les permita salir de prisión.
La condena a 400 años de 'Txeroki'
El caso de Txeroki es, pues, el último de una letanía de concesiones de ese régimen de semilibertad 'alternativo' al tercer grado a presos de ETA. Este ex jefe de la banda fue el máximo líder del 'aparato militar' hasta finales de 2008, cuando fue detenido en Francia. Allí cumplió condena hasta su entrega a España en agosto de 2024. Esa entrega partió de una solicitud del propio etarra a las autoridades francesas, acogiéndose a la ley 23/2014, de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que permite el cumplimiento de las penas de un Estado miembro en el de origen del reo en determinados supuestos. La resolución contó con el visto bueno de la Audiencia Nacional.
Este tribunal sentenció al etarra bilbaíno a 377 años de cárcel por una veintena de asesinatos en grado de tentativa en el atentado de 2002 contra la entonces teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya), la socialista Esther Cabezudo, y su escolta. También le impuso otros 18 por intentar asesinar a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, Marisa Guerrero, con un paquete bomba ese mismo año. Y a nueve más por un atentado frustrado en Castellón en 2007. Estas condenas se le impusieron tras someterse a juicio en España mediante entregas temporales por parte de las autoridades francesas.
En una de las últimas, el juez Santiago Pedraz le comunicó su procesamiento por el atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas que en el año 2006 zanjó una de las treguas de ETA y se llevó por delante la vida de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, de 19 y 35 años, respectivamente. La Fiscalía sostiene que fue el propio Txeroki, junto al también etarra José Antonio Araníbar, quien ordenó ese atentado la víspera de Nochevieja para reventar la tregua que ETA había decretado nueve meses antes, en la primera legislatura como presidente del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
No obstante, tiene otros asuntos pendientes. Txeroki también está imputado en la Audiencia Nacional por su responsabilidad como miembro de la cúpula de ETA en algunos de los atentados más recientes antes de que la banda terrorista renunciara definitivamente a la violencia armada en 2011. Por ejemplo, el de la comisaría de la Ertzaintza en localidad vizcaína de Ondarroa en 2008, que se saldó con varios agentes heridos. Su nombre ha aparecido también en otros procedimientos reabiertos que buscan responsabilidades en la cúpula de la organización por diversos atentados.
Las tres condenas mencionadas sumaban ya más de 400 años de cárcel para Txeroki, aunque el límite de cumplimiento efectivo en España es de 40, toda vez que la prisión permanente revisable no entró en vigor hasta 2015, seis años después del último atentado de ETA en nuestro país. Desde 2024 afrontaba este horizonte judicial en Martutene donde, al llegar, la Junta de Tratamiento Penitenciario procedió a analizar su situación y la calificación de grado. Según ha podido saber este periódico, en el momento de haber recibido la autorización esta misma semana para aplicarse el 100.2, se encontraba en segundo grado penitenciario.
Ahora, esto supone un estadio intermedio entre el segundo y el tercero, el régimen de semilibertad, y se alcanza a propuesta de la Junta de Tratamiento Penitenciaria. Debe contar con el visto bueno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. El procedimiento contempla un «plan de ejecución», donde se establece un cronograma con el itinerario a seguir por el preso para salir de la cárcel para ir a trabajar. Txeroki lo hará de forma «inminente» de lunes a viernes, teniendo que volver a dormir en Martutene.