El análisis de John Authers en Bloomberg es coincidente: los grandes tenedores de vivienda pueden encarecer los precios al tener acceso preferencial al crédito, pero también actúan donde otros no llegan. Compran vivienda nueva al por mayor y permiten escalar la construcción. Penalizar su actividad no sólo tendría un efecto limitado sobre los precios –como admiten incluso los asesores de Trump–, sino que añadiría incertidumbre regulatoria a un sector ya golpeado por la inflación de costes y los tipos altos.
Cataluña da luz verde a restringir el alquiler de temporada y de habitaciones
Entre otras medidas, la nueva norma establece que la suma del alquiler de las habitaciones no puede superar el coste del alquiler de la vivienda en su conjunto
La experiencia europea es aleccionadora. En Barcelona, las políticas restrictivas contra inversores y promotores –como la obligación de destinar el 30% de cada proyecto a vivienda social– han provocado un colapso de los visados de obra nueva, que en 2023 cayeron a un 23% del nivel de 2019. El resultado: menos viviendas y precios más altos para todos.
El verdadero cuello de botella no es la demanda especulativa, sino la parálisis de la oferta. En EE. UU., como en Europa, los trámites urbanísticos pueden tardar hasta una década, y la inseguridad regulatoria desincentiva cualquier inversión a largo plazo. Si a eso se suma un discurso abiertamente hostil hacia los actores privados, el resultado es un entorno en el que nadie construye. La política populista ofrece culpables, no soluciones.
La crisis de la vivienda no se resuelve demonizando al capital, sino atrayéndolo con reglas claras, suelo disponible y seguridad jurídica. Trump, en su afán por capitalizar el malestar, elige el camino contrario: más intervención, menos inversión. Como advertía 'The Economist' sobre el Reino Unido, la única política progresista hoy es construir. Todo lo demás –incluidos los globos sonda populistas– no son más que atajos hacia el fracaso. jmuller@abc.es