Aunque sigue siendo periodo inhábil y los órganos judiciales no han empezado a funcionar "oficialmente", el Colegio alerta ya de diversidad de criterios en distintas comunidades autónomas que supuestamente tenían los deberes hechos. Descoordinación, falta de órdenes y protocolos específicos, problemas en las altas, retrasos en la adjudicación de puestos de trabajo de los funcionarios.... La implantación no está siendo ni «inmediata» ni tan «pacífica» como se aseguraba desde el Ministerio tras la celebración de la conferencia sectorial el pasado 22 de diciembre.
Tras recopilar los datos de las distintas delegaciones en comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) denuncian que en Andalucía, por ejemplo, se han dictado diversas instrucciones de similar tenor que reconocen que la puesta en marcha de la nueva estructura judicial no terminará hasta el 31 de marzo. En Aragón, por su parte, aún no ha salido el acoplamiento de funcionarios y está previsto que hasta febrero no llegue el cambio informático. En las localidades asturianas de Gijón, Oviedo y Avilés la oficina judicial «está oficialmente pospuesta» hasta el 15 de febrero.
En Canarias, prosigue el Colegio Nacional en un comunicado, el acoplamiento de funcionarios titulares se publicó el día 31 de diciembre y se han detectado «importantes errores»; las recolocaciones físicas con cambios de ubicación en los edificios se iniciarán a partir del 7 de enero; y no hay noticias de cuando se procederá al traspaso de expedientes a los nuevos servicios. Mientras, en Gran Canaria está previsto que hasta el 31 de enero todos los LAJ y funcionarios sigan en los mismos sitios y con las mismas funciones que tenían antes del 31 de diciembre, salvo que con anterioridad pueda empezar a funcionarse con arreglo a la distribución de tareas en servicios comunes. Aseguran que faltan muchos funcionarios y LAJ por incorporarse de vacaciones, así que para que los servicios no queden descubiertos y pueda seguir atendiéndose al ciudadano, se continuará con las mismas funciones hasta que puedan distribuirse las nuevas, para lo que se ha puesto el plazo máximo del 31 de enero.
Acoplamientos de personal y traslados
Según informa el Colegio Nacional, en Tenerife tampoco se ha empezado con el desempeño de nuevas funciones. Se hará de manera progresiva. Aún están realizando las funciones que tenían asignadas con anterioridad al 31 de diciembre. De igual forma en Galicia la implantación también será progresiva.
En el País Vasco, tal y como había anunciado, el proceso va lento y está previsto que se retrase varios meses. A ello se une la supresión de los servicios comunes de ejecución criticada por todos.
Aunque la tercera y última fase de la implantación entró en vigor el 1 de enero, muchas CC.AA. han decidido hacer la reconversión de los juzgados de forma progresiva
En la Comunidad Valenciana tampoco se está funcionando con la nueva estructura. Aún está pendiente la confirmación/adjudicación de los puestos de trabajo de los funcionarios de los cuerpos generales. Únicamente se ha iniciado la llamada fase de estabilización el 31 de diciembre, y que debe finalizar el 31 de marzo de 2026 , una vez cerrado definitivamente el acoplamiento del personal y los traslados de ubicación.
En Madrid y Cataluña, aunque en teoría se ha materializado la implantación, los letrados judiciales consideran que lo adecuado y prudente es esperar unos días para comprobar cuál es la realidad. «Sí hemos detectado importantes complicaciones en la gestión de los nuevos usuarios, con altas indebidas que impiden el acceso a los sistemas, y en definitiva el trabajo; y del hecho de que hay obstáculos en el reparto, que en ocasiones no puede realizarse o derivados de que se están repartiendo asuntos presentados incluso a mediados de diciembre, que iban destinadas a los antiguos juzgados inexistentes a día de hoy«.
La adaptación ha sido «atropellada«, sin criterios claros y con "absoluta falta de previsión", denuncian
Respecto al territorio Ministerio (las comunidades autónomas sin competencias transferidas), la adaptación ha sido «atropellada«, sin criterios claros y con »absoluta falta de previsión«. »No sabemos cómo van a ir las cosas cuando se empiece a trabajar de verdad, pero aun cuando ha sido únicamente un día los problemas han sido importantes«. Entre ellos denuncian que los contadores de la aplicación de gestión Atenea "no han funcionado correctamente", pues atribuyen números repetidos a los asuntos que se van incoando.
La aplicación que gestiona los medios personales también está fallando, alertan, cuando precisamente es donde aparecen las tomas de posesión y los ceses en los nuevos puestos. Faltan, además, órdenes y protocolos específicos, puesto que los que se han dictado son muy generales, y no resuelven los problemas de relación con los jueces. Lo mismo pasa con la gestión de los exhortos.
Destacan en todo el territorio nacional dificultades en las Unidades de Guardia o a la Sección de Violencia sobre la Mujer esencialmente porque las guardias se están encargando a personas que no la han hecho nunca y que no tienen acceso a las aplicaciones ni al sistema de registro de medidas cautelares, lo que «es muy grave».
Como informó ABC, semanas antes de la implantación de la tercera y última fase de los tribunales de instancia, la que afecta a las grandes ciudades, jueces y letrados judiciales ya advirtieron a Justicia del caos que se avecinaba y los riesgos que corren los procedimientos en curso ante la implementación "precipitada" de la ley de eficiencia organizativa por la que 3.627 órganos unipersonales de España, cada uno con un juez o magistrado y un letrado de la administración de justicia (LAJ), se reconvierten en tribunales de instancia del territorio correspondiente.
En declaraciones a este diario, tanto el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia como la Unión Progresista de Letrados (UPSJ) advirtieron que «no se cumplen las condiciones mínimas para la implantación efectiva» de estos tribunales. Entre otras cuestiones denunciaban que el proceso de acoplamiento de letrados y funcionarios aún no se había realizado en ninguno de los territorios, que los sistemas de gestión procesal carecían de las adaptaciones necesarias y que incluso desconocían las funciones que tienen que desempeñar.