Aunque el caso de Andrés ha sido especialmente delicado por tratarse de un príncipe de nacimiento y por la ausencia de una condena judicial, la Corona llevaba tiempo ensayando soluciones intermedias. Durante años optó por una vía menos drástica: mantener los títulos en un plano estrictamente legal, pero vaciarlos de contenido público. Sin embargo, la presión política, mediática y social terminó por hacer insuficiente esa fórmula, obligando a una decisión más contundente antes de cerrar 2025.
La polémica por los títulos
No era la primera vez que la monarquía británica se enfrentaba a un dilema similar. Mucho antes de que el nombre de Andrés se convirtiera en un problema institucional, otro título clave ya había sido cuidadosamente neutralizado para evitar un conflicto mayor: el de Princesa de Gales.
Cuando Carlos contrajo matrimonio con Camilla Parker Bowles en abril de 2005, la Casa Real se movió con rapidez. Aunque legalmente le correspondía asumir el título de Princesa de Gales, símbolo inseparable de Diana, se anunció de inmediato que Camilla no lo utilizaría. En su lugar, ejercería como duquesa de Cornualles. La decisión, presentada como un gesto de respeto hacia la memoria de Diana y hacia Guillermo y Harry, fue en realidad una maniobra de contención diseñada para evitar un choque frontal con una opinión pública aún profundamente marcada por la figura de la princesa fallecida.
El título no desapareció, pero quedó congelado. No se usó durante años, permaneció en silencio institucional y solo reapareció de forma natural tras la muerte de Isabel II, cuando pasó directamente a Kate Middleton. Camilla, ya reina consorte, nunca llegó a ejercerlo, ni siquiera de manera simbólica. Una desactivación sin ruido que funcionó.
El caso de Andrés Mountbatten-Windsor
La diferencia con Andrés es evidente. Mientras el caso de Camilla exigía sensibilidad y tiempo, el del hermano menor de Carlos III reclamaba una señal clara. La publicación de documentos, testimonios y comunicaciones relacionadas con Epstein hizo inviable cualquier solución discreta. Esta vez, la Corona no podía limitarse a mirar hacia otro lado.
La historia reciente demuestra que la Familia Real británica ha sobrevivido a escándalos de enorme impacto: desde la abdicación de Eduardo VIII hasta el annus horribilis de Isabel II, pasando por los divorcios, las guerras internas y la tragedia de Diana. Pero nunca antes había tenido que gestionar una investigación criminal con ramificaciones internacionales que afectara de forma tan directa a uno de sus miembros.
En ese contexto, la decisión tomada antes de finalizar 2025 parece responder también a una lógica de futuro. El Príncipe Guillermo, heredero directo, ha mostrado una clara inclinación por medidas firmes, definitivas y sin ambigüedades. Resolver el caso Andrés antes de iniciar un nuevo año no solo despeja el tablero institucional, sino que allana el camino hacia un reinado que aspira a ser más compacto, transparente y previsible.
Porque, en Buckingham, los títulos no son solo honores: son herramientas. Y saber cuándo retirarlos —o silenciarlos— ha sido, históricamente, una de las claves de supervivencia de la monarquía británica.