La modificación del texto comercial, que ayer fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (el BOE de los Veintisiete), es el resultado de un polémico entendimiento al que llegaron Bruselas y Rabat para tratar de salvar el escollo que supuso el fallo del TJUE, que burlaba a Marruecos la potestad para firmar una entente comercial que afectara a las regiones ocupadas sin preguntar antes al pueblo saharaui. Esto puso en peligro las relaciones bilaterales, ya que la dinastía Alauí siempre ha dejado muy claro que jamás aceptará ninguna entente comercial que no reconozca su «integridad territorial».
Como ya explicó ABC, tras un año de negociaciones en el máximo secretismo, a finales de 2025 las partes anunciaron que habían llegado a un entendimiento, uno que este diario pudo adelantar gracias a un documento interno de la Comisión. Para que las exportaciones del Sáhara puedan beneficiarse de los términos del Acuerdo Euromediterráneo -y entrar en la UE sin arancel-, la Comisión ha recurrido a un birlibirloque legal que consiste en comprometer ayuda económica a la región, bajo el pretexto de que eso le supondrá un beneficio al pueblo saharaui. Con esto, el equipo de Von der Leyen pretende salvar el fallo del TJUE, que en su día dejó establecido que el consentimiento del pueblo saharaui al acuerdo podía sobreentenderse si este le suponía algún beneficio. Por supuesto, el Frente Polisario no está de acuerdo, entre otras cosas porque sospecha que esa ayuda económica alimentará a la industria hortofrutícola de Rabat en el desierto, que, además, es en buena parte propiedad directa del rey Mohammed VI.
Cambian las normas para no decir 'Made in Sahara'
Y para resolver el problema del etiquetado, la Comisión propuso reformar un reglamento de la UE para que las importaciones del Sahara puedan identificarse con origen en «Dakhla Oued Ed-Dahab» y «El Aaiún-Sakia El Hamra», que son los topónimos que emplea Rabat para referirse a los territorios ocupados. En opinión de las organizaciones agrarias europeas, esto supone una vulneración del Reglamento de la Organización Común de los Mercados, que obliga a indicar «el país de origen» -se lee en el mismo- de las importaciones o, en el mejor de los casos, una interpretación forzada del mismo, porque hay que recordar que en esa ley hay un artículo que autoriza a la Comisión a cambiar las normas de importación en ciertos casos.
Este asunto importa mucho en España, no solo por las relaciones históricas con la antigua colonia -muy distintas desde que en 2022 Sánchez avaló los planes de la dinastía Alauí-, también por lo que supone este contencioso para la producción española de tomate. Como ya explicó este diario, en los últimos años las exportaciones de tomate de Marruecos han hundido la producción en España, y el Sáhara es una parte fundamental del problema, ya que Rabat pretende convertirlo en un 'hub' hortofrutícola.
Un lío geopolítico
Asaja acusa al PSOE de «alinearse» con los intereses de Marruecos
El caso es que buena parte de los grupos de la Eurocámara -desde Podemos hasta Vox, pasando por el PP español- se opusieron a las maniobras de la Comisión. Tanto es así que en noviembre del año pasado los populares presentaron una objeción que hubiera dado al traste con los planes de la Comisión para camuflar el origen de los productos del Sáhara, una que no salió adelante por apenas un voto. Un total de 359 diputados apoyaron la medida (se necesitaban 360) y 188 lo hicieron en contra, entre estos la mayoría de los diputados del PSOE (el socialista González Casares apoyó la moción).
Esto puso en pie de guerra a los agricultores españoles. Desde Asaja, acusan al PSOE de ser «el único partido de espectro nacional que votó en contra de la objeción» y de alinearse «con los intereses de Marruecos». para esta organización agraria, la legalización del «etiquetado trampa» es una razón más para salir a la calle durante las tractoradas previstas para este jueves.