A las 11 de la mañana, del domingo, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, aseguró que habían capturado a siete terroristas, presuntos autores de los ataques, y que uno más había fallecido durante un operativo policial. A las 6 de la tarde, el presidente Arévalo declaró luto nacional de tres días, y mientras las banderas ondeaban a media asta, decretó también el Estado de Sitio a través de una cadena nacional. La medida, con base constitucional, tiene una duración de 30 días prorrogables por el Congreso de la República, y limita ciertos derechos cuando hay una amenaza a la seguridad nacional. También faculta a las fuerzas de seguridad a agilizar capturas y allanamientos, así como aumenta la presencia de policía y el Ejército en las calles con la instalación de retenes de control y revisión a discreción de las fuerzas de seguridad. Bajo esta figura, además, el Gobierno puede ordenar toques de queda y limitar reuniones o manifestaciones.
El Estado de Sitio, ya ratificado por el Congreso, había sido pedido por la oposición política desde el 2025, cuando la inseguridad y violencia en el país comenzaron a elevarse, causando que por primera vez en una década la tasa de homicidios cambiara de tendencia y comenzara a subir, cerrando el año con una 17.4 homicidios por cada 100 mil habitantes; la más alta en los últimos seis años.
Nasry Asfura asume la Presidencia de Honduras, prometiendo orden y recortar el Estado
En un acto sobrio, pero cargado de simbolismo, jura el cargo, ante la ausencia de la presidente saliente, la izquierdista Xiomara Castro
Las razones detrás del ataque
Fuentes de las fuerzas de seguridad han confirmado a ABC que sostienen la hipótesis de que fue en la mega-cárcel Renovación I, al sur del país —la prisión símbolo de la política de cero tolerancia al crimen del presidente Bernardo Arévalo y el Gobierno socialdemócrata— desde donde se giraron las instrucciones para los actos terroristas del domingo. Pandilleros de diversos sectores y subgrupos, bajo el mando del terrorista Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias 'El Lobo', cabecilla del Barrio 18, actuaron juntos para sembrar el terror y exigir el control de las cárceles.
Y es que desde el segundo semestre de 2025, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, después de que el pasado mes de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios. El traslado de los cabecillas de las pandillas —entre ellos, El Lobo, sentenciado a 80 años por diversos crímenes— se realizó a raíz del asesinato de siete personas presuntamente a manos de miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, durante una congregación de la pandilla rival Barrio 18 a finales del mes de julio.
Las prisiones en Guatemala han funcionado, desde la última década por lo menos, como los cuarteles de las propias pandillas. «Paradójicamente, las prisiones de Guatemala lejos de ser centros de aislamiento y castigo, funcionan como centros de operaciones desde donde los terroristas coordinan ataques y gestionan sus negocios, que se sostienen a base de las extorsiones», explica un exmilitar vinculado al Gobierno, consultado por ABC que prefiere el anonimato por seguridad. De hecho, la tasa de extorsiones también se ha disparado desde 2023. Ese año cerró con 102 extorsiones por cada 100 mil habitantes; 2025 cerró con 144.2 y un 70% de la población que percibe que la situación está peor que antes.
«Las cárceles funcionan como centros de operaciones desde donde los terroristas coordinan ataques y gestionan sus negocios, que se sostienen a base de las extorsiones»
Exmilitar vinculado al Gobierno de Arévalo
El vínculo entre el Lobo y las Torres
En su cadena nacional, Arévalo pronunció una frase que provocó una tormenta política. «Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado, están cayendo ante la fuerza y la acción contundente de un pueblo y un gobierno que ya decidieron vivir en paz, en democracia, con justicia y bienestar», puntualizó el presidente. La narrativa no fue casualidad. La frase fue un dardo directo a la excandidata y ex primera dama Sandra Torres y sus dos hijas, las congresistas Nadia de León Torres y Lourdes De León Torres.
Las Torres, sintiéndose afectadas por la acusación indirecta, acudieron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para interponer una denuncia tras las declaraciones de Arévalo, asegurando que el presidente «insinuó» que la familia —las Torres— estaban detrás de los ataques terroristas y la ola de violencia.
Pero la hipótesis del Gobierno para culpar a las Torres parte de un argumento fuerte. La sobrina de Sandra Torres, Maria Marta Castañeda Torres, es esposa del Lobo, y ambos se encuentran en prisión. De acuerdo con las autoridades de seguridad consultadas, esta relación es una de las «múltiples pruebas» que tiene la inteligencia policial para vincular a la excandidata «con el grupo terroristas Barrio 18 y hasta algunos cárteles del narcotráfico». El congresista Inés Castillo, alfil de Torres en el Congreso de la República y líder del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (el partido que controlan las Torres), ha criticado la hipótesis del Gobierno y aseguró en el programa de radio ConCriterio que «vincular a Sandra Torres con las decisiones y actuaciones de su sobrina» carecía de sentido y de argumentación seria. «Uno no puede ser culpable de las decisiones de otros, aunque estos sean familiares», advirtió el diputado.
Lo que es un hecho es que Guatemala atraviesa una crisis aguda de seguridad, que contrasta con el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que países vecinos, como Ecuador y, recientemente, Costa Rica, han implementado. El modelo se basa —y solo es eficiente— en el control casi total del Organismo Legislativo y del sistema judicial para asegurar el Ejecutivo la legitimidad para una militarización perenne de las calles -El Salvador vive bajo el régimen de estado de excepción desde hace casi cuatro años-, la construcción de mega cárceles modernas de máxima seguridad para albergar a los delincuentes y medidas de resolución rápida para apresarlos, como los «juicios exprés». En Guatemala, la oposición pide replicar el modelo, mientras el Gobierno se resiste, apostando por una estrategia menos frontal que, al día de hoy, no ha dado resultados.