Así de rotundo se ha mostrado el presidente de la agrupación, Isidoro Alanís, durante la presentación del documento 'Análisis para la Mejora de los Procesos Administrativos en Castilla y León', que ya han presentado a formaciones como Partido Popular, PSOE, VOX y el grupo UPL- Soria ¡YA! de las Cortes de Castilla y León.
Alanís ha asegurado que según la última estadística realizada a sus socios, que representan el 17 por ciento del PIB regional y el 10 por ciento del empleo, la excesiva tramitación administrativa es el «principal problema» para poder desarrollar sus proyectos.
Tasas «altas» de empleo público
Además, se ha referido a que Castilla y León es la tercera autonomía con la tercera tasa más alta de empleo público por cada 100.000 habitantes -un total de 2200.000-. Unas cotas que, según ha manifestado, la Comunidad «no se puede permitir». «Tenemos que hacer una reflexión», ha defendido, ya que, a su juicio, «no puede ser» que desde 2020 se haya incrementado el empleo público «un 13 por ciento». Este crecimiento, ha argumentado, nos lleva a «más burocratización», lo que se traduce directamente en empresas «menos competitivas, menos ágiles y menos productivas».
De ahí que Empresa Familiar se haya propuesto analizar el escenario en Castilla y León y proponga «soluciones concretas» y «factibles» para un «cambio profundo en el sistema administrativo» para el que han pedido al gobierno autonómico que salga de las urnas «compromiso» y « voluntad política», según ha indicado el director de la asociación, Eduardo Estévez.
La fotografía actual es la de «plazos interminables», «duplicidad documental» y «normativa confusa y cambiante» con unas 250 normas aprobadas en los últimos cinco años que les afectan directamente. A todo esto se añade un «exceso de regulación», que , a su juicio, es «a menudo incoherente» entre administraciones locales y regionales o la «falta de acompañamiento público», sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. En concreto, el 45 por ciento de los encuestados considera que Castilla y León tiene «mayores trabas burocráticas» que otras autonomías.
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En definitiva, ha considerado Estévez, una «burocracia excesiva» que les «asfixia» y ante la que, mediante el documento elaborado, proponen medidas como el «silencio positivo administrativo» aplicable a licencias y autorizaciones de bajo impacto o la «fijación de plazos máximos» para una respuesta obligada de la administración. «Su silencio no puede paralizar la actividad», ha argumentado Estévez.
Piden, además, que «se sustituyan autorizaciones y licencias en procedimientos de bajo riesgo por declaraciones responsables o comunicaciones previas» para que las iniciativas se puedan poner en marcha de «forma inmediata». Al respecto, ha añadido, que se pueda hacer un «control posterior» de que se «ha cumplido» con la normativa y la seguridad. Un punto que consideran especialmente aplicable al sector de la hostelería, el comercio o pequeñas instalaciones industriales o agroalimentarias.
Madrid, Galicia y Andalucía
Sin datos concretos de lo que suponen estos retrasos para las empresas familiares, han citado ejemplos como un asociado que tuvo que esperar demasiado y decidió que su «inversión se fuera a Galicia». Por ello, solicitan también una Ley Ambiental «propia» para Castilla y León que alinee «seguridad jurídica» con «sostenibilidad y competitividad». En este punto, Estévez puso otro ejemplo de que ha habido esperas de «hasta dos años» para conseguir el visto bueno ambiental de algunos proyectos.
Al respecto, el presidente de EFCYL ha subrayado que todas las autonomías «tienen que competir por las mismas inversiones» y los que «más ágiles sean» atraerán más, como está haciendo, a su juicio, Madrid, Galicia o Andalucía, que en esta última etapa «ha impulsado un cambio que ha sido un revulsivo». «Es el ejemplo de que puede hacerse», ha concluido.
Otra de las cuestiones que ponen encima de la mesa es que se «limite el teletrabajo» de los empleados públicos cuando pueda afectar a la atención presencial y que se refuerce el empleo 'in situ' en estos casos. De la misma forma que proponen que se elimine la «cita previa» para las consultas y atención en la administración. «Ya no estamos en pandemia y la administración debe ser accesible para la ciudadanía y los empresarios», ha comentado, por su parte, Estévez.
Por último, plantean también una «transformación digital integral» con una «ventanilla digital única» para las tramitaciones autonómicas y municipales y un «pasaporte digital empresarial como identificador único».