«Buenos días, esta es una comunicación colectiva para toda la plantilla. El próximo día 8 de enero será mi último día de trabajo en la EMV. He renunciado por motivos personales. Os quiero agradecer el apoyo y el trato recibido en estos algo más de dos años de intenso trabajo». Así empieza el correo que el gerente, Luis Enrique Espinoza, envió a los trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda en Rivas para anunciar su marcha.
Hasta ahí la marcha del gerente podría parecer algo 'normal'. Lo que quizás no lo es tanto es que el portazo se produzca tras dejar las cuentas de la empresa en una situación muy crítica, hasta el punto de producirse el embargo judicial, como ocurrió.
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En el Ayuntamiento, controlado por la izquierda, quitan importancia a su marcha: «La renuncia del gerente ha sido por motivos personales. La Empresa Municipal de la Vivienda continúa trabajando con total normalidad. En el próximo consejo de Administración, que se celebrará en las próximas semanas, se aprobarán varias líneas de actuación importantes, de las que se dará cuenta en su momento». Será ahí donde se informe del nombramiento del nuevo gerente. Las mismas fuentes municipales señalan que la renuncia se produce «cuando finaliza el proceso de construcción y adjudicación de las 83 viviendas en alquiler para jóvenes de la Empresa Municipal de la Vivienda».
Las luces de alarma en la empresa de la vivienda se encendieron ya hace un año. El pasado 30 de enero de 2025 en el Pleno municipal, el Partido Popular pidió a la alcaldesa, Aída Castillejo, de Izquierda Unida, que, en el ejercicio de sus funciones de salvaguardar y defender los intereses y el patrimonio de los vecinos del municipio, destituyera al gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda.
El PP justificó su petición por la «crítica situación financiera y económica» de la empresa, con una deuda de 18 millones de euros, «que el ayuntamiento fraccionó y aplazó, y además amplió el capital de la empresa pública». Los populares denunciaron que, a pesar de la falta de liquidez de la empresa, el gerente percibía una retribución de 99.128,54 euros anuales.
El PP, que fue el partido más votado en las elecciones de 2023, también criticó la actuación del gerente al rescindir el contrato con la empresa de Tableros y Puentes S. A. para la construcción de las 83 viviendas de alquiler joven del Barrio Centro. «Para poner fin a este contrato, el gerente recurrió a los servicios jurídicos de un abogado al que conocía de su etapa como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo, por importe de 2.420 euros», denuncian los populares. Posteriormente, subrayan en el PP, «adjudicó un contrato negociado sin publicidad, es decir, a dedo, a un despacho de abogados de Toledo, en cuya ciudad fue también gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, y también recibió contratos por parte de la EMSV de Toledo».
Sin liquidez
Un año después, el gerente se ha despedido de la plantilla en Rivas, solo unos días después de que el juzgado número 48 de Madrid ordenara el embargo de las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid para satisfacer una deuda de 3,3 millones de euros con la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
En la oposición municipal señalan que queda pendiente de resolver otra causa judicial, que comenzó en 2024. En este caso son casi 3 millones de euros los que la Comunidad de Madrid reclama a la EMV, por lo que previsiblemente la deuda podría incrementarse hasta los más de 6,2 millones de euros. En el embargo de 3,3 millones de euros solo le han podido trabar 2.400 euros, al no haber más liquidez en las cuentas, según señalan los populares.
La portavoz municipal del PP, Janette Novo, acusa al gerente de «hundir» la empresa de vivienda: «Se marcha por la puerta de atrás, dejando una entidad en estado de muerte cerebral y un rastro de decisiones temerarias. La misión era reflotar la EMV. El resultado ha sido hundirla bajo el peso de la incompetencia y la sospecha. No es una renuncia por ética; es la huida de quien sabe que el barco se va a pique y que las decisiones tomadas rozan la ilegalidad».