Desde el 1 de noviembre, el frío ha provocado 41 muertes atribuibles en la provincia de Salamanca, según el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III. Es la provincia más castigada de Castilla y León y concentra la mitad de los 81 fallecimientos estimados en toda la comunidad. Burgos registra 15, Segovia 8, León 5; Ávila y Valladolid, 4 cada una; Palencia, 3; mientras Soria y Zamora no contabilizan ninguno. Son cifras frías, pero detrás hay personas.
Es cierto que el balance mejora respecto al invierno pasado, cuando se alcanzaron 109 muertes en el conjunto autonómico. Pero la comparación no puede servir de consuelo. Que haya menos víctimas no convierte el problema en aceptable. Menos aún cuando sabemos que el frío golpea con especial crudeza a mayores, enfermos crónicos y personas en situación de vulnerabilidad social.
Los expertos explican con claridad cómo las bajas temperaturas agravan patologías cardiovasculares, incrementan la presión arterial y elevan el riesgo de infartos o ictus. Lo sabemos. Lo medimos desde 2004. Y aun así, cada invierno repetimos el mismo ritual de recomendaciones sanitarias mientras asumimos que habrá un «exceso de mortalidad» como si fuera un peaje inevitable del clima.
La sorpresa, y la indignación, nacen de otra pregunta: ¿cómo es posible que esto ocurra en una comunidad con una amplia red de servicios sociales, atención primaria, teleasistencia y planes de emergencia? ¿Cuántas de estas muertes están relacionadas con viviendas mal calefactadas, soledad no deseada o falta de seguimiento real?
No basta con aconsejar abrigarse o ventilar la casa. Prevenir muertes por frío exige anticipación, detección activa de riesgos y coordinación efectiva entre sanidad y servicios sociales. Porque morir de frío hoy no es solo un problema meteorológico. Es, sobre todo, un fracaso colectivo. Y mientras no asumamos esa responsabilidad política y moral, cada invierno seguirá dejando cifras que avergüenzan a una sociedad avanzada como la nuestra.