En lo que llevamos de legislatura –menos de dos años y medio– la petición de Galicia ha sido aplazada en hasta 45 ocasiones por parte de la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar. O sea, de los dos partidos que forman parte del Ejecutivo de Sánchez. En otoño del año pasado, parecía que la situación por fin iba a desbloquearse. Así lo reivindicó el BNG como mérito propio. Pero el día que finalizaba el plazo de presentación de enmiendas, los socialistas presentaron varias modificaciones que desdibujan la transferencia, dilatando su tramitación en la Cámara Baja.
El Gobierno también optó por agotar en septiembre el plazo para responder al requerimiento de Bruselas de que España revocase la concesión a Audasa por considerar irregular la prórroga hasta 2048. De esa forma, abrió un proceso judicial de años para evitar que el Estado tuviese que afrontar en el horizonte más o menos próximo el posible pago de una indemnización de miles de millones de euros a la concesionaria por ponerle fin a su permiso de explotación de manera anticipada.
No puede decirse que la posición del Ejecutivo fuese inesperada. El ministro del ramo, Óscar Puente, había sido contundente anteriormente en su rechazo al rescate de la autopista al cifrarlo en 4.000 millones de euros –la Xunta lo valora en 2.365– y considerarlo inasumible. Aunque sí pudo llevar a error la promesa electoral de Besteiro como candidato a la presidencia de la Xunta, cuando proclamó la gratuidad de la vía. Ahora desde el PSOE se amparan en que su modelo no pasa por rescatarla, sino por aplicar bonificaciones a los peajes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado hasta llegar al 100% y que los ciudadanos no tengan que pagarlos de manera directa.
Estas bonificaciones llegan ahora al 75% en algunos casos, lo que el BNG también se atribuye como logro suyo por haberlo pactado con el PSOE. Bien es cierto que ya en 2020 incluyeron en el acuerdo de investidura el traspaso de la AP-9 y eso no se ha cumplido. El pasado día 20, los nacionalistas volvieron a ralentizar la circulación en un peaje a modo de protesta.
El PP aprovechó el final de año para lamentar que el Gobierno de Sánchez terminase 2025 manteniendo su «boicot» a la transferencia y con un «castigo» en forma de subida de los peajes para 2026.