Ahora la intención de la cúpula de Génova apunta a la normalización de los pactos, es decir, a rectificar el compromiso de gobernar en solitario anunciado en el congreso del último verano. El argumento exculpatorio lo facilitan las alianzas espurias forjadas por el adversario y la necesidad de respetar la voluntad del electorado. Pero ese planteamiento razonable olvida que, si bien los votos de Vox han de contar como los de cualquier otra formación admitida en el juego democrático, un partido de Estado no puede darlos por perdidos sin antes disputarlos. Y la manera correcta de hacerlo es marcar diferencias, no chapotear como está haciendo el PP en el mismo marco programático, porque en ese caso muchos votantes antisanchistas considerarán el acuerdo descontado de antemano y se darán el gustazo de respaldar el discurso más arriscado o más bizarro. Si de todos modos va a haber trato qué sentido tendría aceptar la apelación al sufragio pragmático.
El compromiso entre las derechas será imprescindible para desalojar a Sánchez, según todas las encuestas. Pero parece evidente que la estabilidad de la hipotética alternativa no será igual si el partido más fuerte se queda a treinta escaños de la mayoría que a cincuenta o sesenta, ni tendrá la misma cohesión con el socio minoritario dentro del Gobierno o fuera. Y en este momento, pese al retroceso rayano en el desplome de la izquierda, Feijóo está más cerca de un resultado inferior al de 2023 que de superar su propia barrera. Abascal le come el terreno casi sin mover un dedo, subido en una ola ciudadana de descontento y de protesta cuya espuma proyecta reflejos antisistema. Y el liderazgo del sedicente liberalismo moderado no sólo no encuentra respuestas a esta situación sino que da la creciente impresión de conformarse con ella. Quizá sea demasiado tarde cuando esa resignación le haga darse cuenta del coste de llegar al poder de cualquier manera.