Cierto que la rúbrica en Paraguay «puede ser una oportunidad económica y política porque los espacios donde influir no los ocuparan otros rivales», consideraba desde Valladolid el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Pero, añadía a renglón seguido, si bien ese acuerdo ya «incorpora cláusulas de protección» para «salvaguardar» especialmente al sector primario, no acaba aquí la carrera. Y es que, apuntaba, antes de la entrada en vigor de ese acuerdo por el que los aranceles para las operaciones comerciales entre ambos territorios caen, todavía resta «trabajo».
La tarea «no ha terminado», recalcaba Feijóo, poniendo a la vez deberes a la Comisión Europea como al Gobierno de España. Por un lado, desde el ámbito comunitario deben aplicarse las «cláusulas de protección automática». Por otro, el Ejecutivo nacional ha de «garantizar la inspección» y el «refuerzo» de los controles en las aduanas. Y, para ambos, reclamación directa: «Tienen que liberar de tanta exigencias» en vigor a los productores. «Nuestra gente no tiene miedo a competir. Tiene hartazgo a tantas normas ideológicas que le impiden trabajar en igualdad de condiciones», incidía. La UE «debe ganar influencia y abrir nuevos horizontes», reconocía Feijóo, quien apostaba por «tener más aliados». Pero, agregaba, «no se abre porque sí, sino porque nos interesa» y haciéndolo con «responsabilidad y garantías».
«Sánchez no puede ignorar a los agricultores y ganaderos. No puede mirar para otro lado», pues se trata de una «parte esencial de nuestra tierra», clamaba también el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien demandaba la aplicación de esas «cláusulas de salvaguarda» que sean «reales, efectivas e inmediatas» con Mercosur. Que a los productos que llegan de terceros países, demandaba, «se les apliquen las mismas exigencias que se exigen aquí», subrayaba. «Lo contrario se llama competencia desleal», expresaba, pidiendo una «refuerzo» en los controles.
Además, demandaba que la UE «cumpla su papel y piense en los intereses del campo, que son los de todos». «No al dogmatismo y sí al pragmatismo», defendía el también presidente de la Junta, a la vez que comprometía que el Gobierno autonómico «va a estar al lado» de agricultores y ganaderos». «Lo hemos hecho siempre, en las buenas y también cuando las cosas han venido mal dadas», defendía Mañueco, partidario de «revisar» el Pacto Verde. Mañueco valoraba «gracias» al trabajo de los suyos en Europa «se está reorientando» esta herramienta bajo cuya «percha» impulsada por la izquierda «hay políticas que dificultan la competitividad».
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La «competitividad» debe ser la guía de Europa para crear un «ecosistema» que favorezca la innovación, la inversión y el empleo de calidad, pues no puede basarse en actividades «subsidiadas», advertía también Feijóo. «La sostenibilidad no puede ser un castigo», recalcaba, también en apoyo a la automoción. «La sostenibilidad ambiental tiene que ir acompañada de la sostenibilidad económica y empresarial», pues de lo contrario se «ponen en riesgo miles y miles de empleos», advertía también Mañueco, destacando el peso que el la automoción tienen en Castilla y León, donde representa el 25 por ciento del PIB industrial.