Según ha adelantado este viernes 'El País' y ha podido confirmar ABC, el departamento de Mónica García ha registrado un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJM).
Por su parte, fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid evitan centrarse en la denuncia y señalan que «lo que tiene que hacer la ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, Mónica García, es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante», informa Mariano Calleja.
Ya el pasado noviembre, García anunció que denunciaría a la Comunidad de Madrid, después de haberle enviado un requerimiento en el que le daba un plazo de un mes para que creara ese registro. Ayuso, sin embargo, abogó por ignorarlo y dejar en manos de los tribunales la puesta en marcha de esos listados. «Preferimos que sea sea un tribunal quien indique lo que se debe hacer, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie», señalaron entonces fuentes regionales.
En la misma línea se pronunció entonces la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, que aseguró que el Gobierno regional defendería «con la Constitución en la mano» la libertad de objeción frente al aborto.
Una norma de Irene Montero
El registro de objetores al aborto es una de las medidas que estableció la reforma de la ley del aborto que en 2023 aprobó Irene Montero cuando se encontraba al frente del Ministerio de Igualdad. Se trata de un listado autonómico, al que solo deben tener acceso los responsables de la gestión de los centros, en el que figuren los nombres y apellidos de ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas que se nieguen a participar en abortos aludiendo a su objeción de conciencia.
Sin embargo, en más de una ocasión los profesionales han manifestado su temor a que ese registro se pueda llegar a usar para discriminarlos.