Se trata de una norma que busca impulsar una administración «moderna y digital», vinculando el acceso al teletrabajo «a la capacitación en competencias digitales», según ha indicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha expresado que la intención es también garantizar «un modelo equilibrado, seguro y orientado a resultados para los empleados públicos de Castilla y León».
El decreto se refiere a los funcionarios de la administración autonómica y los organismos autónomos, pero no afecta al personal docente ni al personal estatutario de los servicios sanitarios (SACyL), ni a todos aquellos que trabajen «24 horas» ni a los que sus funciones les requieran labores puramente presenciales. Así, las condiciones para acceder al teletrabajo se reservan para aquellos cuyas funciones «puedan desarrollarse plenamente a distancia y garantizando siempre la adecuada atención a las necesidades del servicio».
Seis meses consecutivos
Entre los requisitos, se exige haber desempeñado de forma presencial el puesto de trabajo, u otro con funciones equivalentes en el mismo órgano o unidad administrativa, durante «un periodo mínimo de seis mesesconsecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud», lo que asegura un «conocimiento previo suficiente del puesto», ha detallado.
El nuevo texto presta, además, «una atención especial a los colectivos de mayor protección, que tendrán prioridad» en el acceso. Entre estos, ha citado a víctimas de violencia de género, las personas que hayan sufrido agresiones o situaciones de acoso sexual o laboral, el personal con un grado de dependencia reconocido o discapacidad que afecte a la movilidad, quienes soliciten el teletrabajo por razones de conciliación de la vida personal y familiar, y quienes residan en municipios de Castilla y León con menos de 2.000 habitantes, «contribuyendo así a la cohesión territorial, a la lucha contra la despoblación, y a la cobertura de los puestos más periféricos».
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La norma vincula además el teletrabajo a la capacitación digital, al requerir la posesión del certificado de competencias digitales del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, recientemente creado por la Junta de Castilla y León, ha explicado.
La modalidad de teletrabajo tendrá una duración inicial máxima de un año, con la posibilidad de hasta dos prórrogas adicionales, y se articulará con carácter general mediante una distribución de la jornada que combine «dos días de trabajo presencial y tres días de trabajo a distancia».
Cada autorización se sustentará en un «plan individual de teletrabajo», en el que se fijarán los objetivos, la organización del trabajo, los mecanismos de seguimiento y evaluación, las franjas horarias de disponibilidad y los días concretos de prestación de servicios a distancia, reforzando la orientación a resultados y la transparencia en la gestión.