Desde hace un año y medio, la Red Eléctrica de España (REE), dependiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez, mantiene saturada la capacidad de los nudos de conexión, obligando a las compañías distribuidoras como Endesa o Iberdrola a dejar en «stand by», sin aprobar ni denegar, en un limbo burocrático, todas las solicitudes de potencia para proyectos superiores a un megavatio.
La situación ha dejado de ser una mera advertencia técnica de los ingenieros para convertirse en una crisis social y económica tangible que afecta directamente al acceso a la vivienda y a la creación de riqueza.
Según han confirmado fuentes de Endesa a este periódico, la instrucción técnica es férrea y no admite excepciones: la red de transporte de alta tensión en la provincia está ocupada al 100% de su capacidad y no admite nuevas conexiones de gran calado.
Esto ha generado un «corralito» eléctrico donde miles de viviendas proyectadas, desarrollos industriales, complejos hoteleros y centros de datos permanecen bloqueados administrativamente, a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desbloqueen las inversiones necesarias para ampliar las autopistas energéticas que deben alimentar a la provincia.
Un año y medio de «stand by»
El bloqueo dictado por la saturación de la red estatal no distingue entre iniciativas públicas o privadas, ni entiende de urgencias sociales. Cualquier promotor que haya acudido a las ventanillas de las compañías eléctricas en los últimos 18 meses para iniciar los trámites del suministro para un proyecto de envergadura se ha encontrado con la imposibilidad técnica de avanzar.
Las distribuidoras, encargadas de la red de media y baja tensión que llega al consumidor final, se encuentran con las manos atadas. Aunque la infraestructura local esté lista, ejecutada o proyectada, no hay «caudal» suficiente llegando desde la red de alta tensión del Estado.
«No es una decisión comercial de las compañías, es una imposibilidad física impuesta por la saturación de la red estatal», explican fuentes técnicas consultadas. Las solicitudes entran directamente en una lista de espera indefinida. El orden de prelación, estricto por fecha de llegada según marca la normativa del sector eléctrico, condena a proyectos estratégicos a competir por unos recursos que hoy son inexistentes. Hasta que se libere capacidad en los nudos de transporte, nadie entra.
72 familias víctimas del bloqueo en Estepona
El impacto humano y social de esta falta de planificación estatal tiene su epicentro más dramático en Estepona. En este municipio de la Costa del Sol, una promoción de 72 viviendas, impulsada por el Ayuntamiento, se encuentra finalizada pero a oscuras. Las familias adjudicatarias no pueden acceder a sus hogares porque el Consistorio no puede otorgar la licencia de primera ocupación. La ley es clara: sin suministro eléctrico garantizado, no hay habitabilidad.
El conflicto burocrático evidencia la rigidez del sistema en un contexto de escasez provocada. El Ayuntamiento inició los trámites originales en 2021, planteando la necesidad de energía para este edificio. Sin embargo, aquella solicitud quedó incompleta y no se formalizó la reserva de potencia en aquel momento, cuando la red aún tenía margen. Cuando el Consistorio reactivó la petición a finales de 2025, con las viviendas ya construidas y listas para entregar, la realidad energética había cambiado drásticamente: la red estaba llena.
Ante este callejón sin salida, el Ayuntamiento de Estepona ha remitido una carta urgente a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, exigiendo medidas inmediatas. En la misiva, el Consistorio advierte de que, de no abordarse una solución con prontitud, la situación «paralizará los desarrollos en la ciudad», agravando la crisis de vivienda en una zona de alta demanda.
La subestación «fantasma» de Benahavís
La ineficacia en la gestión de las infraestructuras estatales alcanza tintes surrealistas en el caso de la subestación de Benahavís. Esta infraestructura, diseñada para ser un pulmón energético que descongestione la Costa del Sol occidental y permita nuevos crecimientos en Marbella, Estepona y Benahavís, lleva cinco años construida y lista para operar. Sin embargo, es una «subestación fantasma». Endesa no puede ponerla en marcha porque la línea de alta tensión que debe alimentarla, competencia exclusiva de Red Eléctrica de España, no llega.
El motivo de este abandono es un litigio judicial con el propietario de una finca privada por donde deben pasar dos apoyos (torres) de la línea de alta tensión. Un conflicto que el Estado no ha logrado resolver en un lustro y que mantiene secuestrada una capacidad energética vital.
«La instalación está terminada, la inversión está hecha, pero no llega el cable de alta tensión de Red Eléctrica porque no se ha resuelto el paso por esa finca», resumen fuentes de Endesa. Este bloqueo judicial y administrativo impide liberar la potencia que necesitan urgentemente los desarrollos paralizados.
Málaga, víctima de su propio éxito y de la falta de inversión estatal, aguarda en una lista de espera que amenaza con apagar el brillo de su economía y, lo que es más grave, bloquear el acceso a la vivienda de miles de familias.
En un contexto de máxima tensión de precios y alta demanda, la incapacidad de Red Eléctrica para suministrar energía convierte la crisis habitacional en un callejón sin salida: de nada sirve planificar nuevos desarrollos o finalizar VPO si el Gobierno central no garantiza la potencia necesaria para encender la luz y entregar las llaves.
Sin una reacción inmediata desde Madrid que desbloquee los nudos de transporte, la provincia ve cómo su dinamismo queda lastrado por un apagón administrativo que asfixia al mercado inmobiliario y pone en jaque el futuro de un territorio que no puede permitirse parar.