Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios, exigió que Delcy Rodríguez inicie un proceso de transición democrática. No pidió. Exigió. Luego enumeró lo que esa transición debe incluir: el desmantelamiento de los colectivos que controlan las calles, la liberación de todos los presos políticos, garantías para las familias que viven en la incertidumbre. Suárez habló de una «responsabilidad histórica».
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos presentó cifras que contradicen directamente la narrativa oficial. El Gobierno asegura haber excarcelado a 116 presos políticos. Pero el Foro Penal registra apenas 56. Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 76. El Comité reporta más de 70. Todas las cifras están por debajo de las anunciadas por la administración encargada . Y todas apuntan a la misma conclusión: hay más de mil presos políticos aún en las cárceles.
Diego Casanova, representante del Comité, describió una realidad que los comunicados oficiales no mencionan. Unas 90 familias están durmiendo en carpas frente a los centros de reclusión. No están allí por turismo. Están allí porque sus seres queridos están dentro, y la única forma de mantenerlos vivos es vigilar, exigir, estar presente. La Universidad Central respondió transformándose en un centro de acopio de alimentos. Una institución que fue símbolo de la izquierda se convierte ahora en refugio de quienes resisten contra lo que este proceso se convirtió.
Las cifras que el Comité presentó son un registro de lo que significa la represión política en términos humanos. 86 presos políticos con graves condiciones de salud. Cáncer. Problemas renales. Dificultades de movilidad. Todo eso, en celdas de dos por dos metros. 26 fallecidos. Edison José Torres, un policía de 52 años, murió de un accidente cerebrovascular mientras estaba detenido. Su muerte es un número en un informe. Pero es también un cuerpo que no regresó a casa.
Margareth Baduel carga con la historia de su familia como si fuera una piedra en el pecho. Su padre, Raúl Baduel, fue ministro de Defensa. El Estado se lo llevó. Su hermano, Josnar, lleva encarcelado en Rodeo I desde 2020. Ella está en la Plaza del Rectorado no para pedir, sino para exigir. Su testimonio es un acto de resistencia que convierte los números en rostros, en sufrimiento, en verdad.
Comunicado sobre presos políticos: https://t.co/i5D7qWF7PM pic.twitter.com/glmIGTwpp3
— Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 13, 2026
«¿Cuánto tiempo puede durar esto?»
Lo que está sucediendo en Caracas en estos momentos es una prueba de fuego para la sociedad civil venezolana. Durante años, el miedo ha sido el instrumento más efectivo. No necesitaba encarcelar a todos. Solo necesitaba que la gente creyera que podía hacerlo. Pero algo ha cambiado. La Universidad Central está hablando. Las familias están acampando frente a las cárceles. Las organizaciones de derechos humanos están publicando cifras que contradicen al Gobierno. Y el Gobierno, por ahora, no está respondiendo con represión masiva.
Pero eso podría cambiar. La pregunta que nadie pronuncia en voz alta es: ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Cuánto tiempo puede la sociedad civil mantener esta voz antes de que el régimen decida que el silencio debe ser restaurado? ¿O es posible que esta grieta se convierta en una fractura más grande?
Miguel Ángel Suárez habló de una responsabilidad histórica. Tiene razón. Pero esa responsabilidad no recae solo en los políticos. Recae en todos aquellos que han decidido que el silencio ya no es una opción. En Caracas, en la Plaza del Rectorado, esa responsabilidad está siendo asumida. Y por ahora, la gente está hablando.