Andalucía culmina un giro histórico en vivienda protegida con más de 15.000 en seis años
La región cuadruplica los inmuebles ejecutados por el PSOE
En este mismo periodo, desde 2019, la comunidad ha registrado más de 1.300 expedientes de desahucio y se han entregado legalmente más de 4.500 viviendas a quienes las necesitan y esperan. Otro de los instrumentos puestos en práctica ha sido la adjudicación de un contrato para reforzar la verificación del uso adecuado de las viviendas y garantizar su fin social. Aquí entra en juego también la Ley de la Vivienda andaluza que verá la luz a finales de este mes, y que contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal.
Miedo de los propietarios
Esta comisión vendrá a reforzar el citado Sistema Andaluz de Información. En este sentido, la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, reclama al Gobierno de España la aprobación de las medidas legales necesarias para frenar la okupación, «ya que muchos propietarios se han salido del mercado del alquiler por miedo a que le ocupen sus viviendas y ahí está una de las causas del incremento del precio del alquiler».
Para la Junta, la Ley Estatal de Vivienda ha alentado la okupación ilegal de inmuebles, ya que dificulta los desalojos y genera inseguridad jurídica para los propietarios.
«Desde Andalucía exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha un Plan Nacional 'antiokupación' para acabar con esta situación que genera problemas de convivencia y provoca un efecto negativo en el mercado residencial y en el empleo», añade la consejera.
Fomento insiste en que «es necesaria una ley 'antiokupas': hay una falta de voluntad política del Gobierno central para tramitar y aprobar una ley antiokupación contundente, a pesar de que ha habido borradores y propuestas sobre la mesa del Congreso: se han presentado varias proposiciones de ley orgánica contra la ocupación ilegal».