Se trata del Impuesto de Patrimonio, el Impuesto sobre Depósitos Bancarios, el Impuesto sobre Actividades del Juegos y el Impuesto sobre Depósitos de Residuos en Vertederos, Incineración y Coincineración. Unos tributos que, sumados al aumento de la proporción del IVA (del 50 al 56,5%) y el IRPF (del 50 al 55%) que pasarían a recaudar las arcas autonómicas darían el resultado anunciado por Hacienda, pese a que, en realidad, el aumento de recursos solo provendría de la mayor transferencia del IVA y el IRPF -entre ambos, 16.000 millones de euros-, mientras que la cantidad restante pasaría a tenerse en cuenta como parte del sistema, un ajuste contable que no afecta a la prestación de servicios como la sanidad, la educación o la dependencia.
«Si replicamos el sistema de financiación autonómico en base a la última liquidación, la del año 2023, con estas nuevas reglas, nuestras estimaciones nos indican que Galicia apenas recibiría 180 millones de euros más», ha explicado el responsable de Facenda. Una cifra que considera «ridícula» que apenas llegaría para «financiar el desfase en farmacia hospitalaria» que tuvo Galicia en 2023, lejos de atender las demandas de infrafinanciación que tanto la Xunta como otros gobiernos autonómicos demandan al Ejecutivo central. Teniendo en cuenta los ingresos que correspondería a las comunidades en 2027, el aumento quedaría por debo de los 400 millones de euros, ha asegurado el conselleiro.
El resultado final es que la «conclusión no puede ser más desalentadora para nuestra comunidad autónoma», ha continuado Corgos, afirmando que de llevarse a cabo la reforma, Galicia pasaría de estar ligeramente por encima de la media en la financiación por habitante ajustado a situarse «entre los últimos» puestos de un eventual ranquin entre autonomías.
Un modelo que «no recoge las principales demandas» del gobierno gallego, principalmente que se tenga en cuenta el aumento del gasto que ya asume la Xunta en partidas como sanidad y dependencia. «Lo que hace la propuesta es justo lo contrario», ha afirmado el conselleiro, citando también la reducción del peso del envejecimiento (del 8,5 al 7%) y la dispersión poblacional (del 0,6 al 0,5%) en las ponderaciones utilizadas para calcular la repartición de fondos entre comunidades.
Reunión entre comunidades y Hacienda
Pese a que esta reforma requiere de una mayoría parlamentaria que a día de hoy no está asegurada en el Congreso de los Diputados, con un Ejecutivo socialista denostado por los socios que auparon a Pedro Sánchez -y cuyos votos serían necesarios sin excepción salvo que lo apoyase el PP-, las comunidades autónomas se reunirán con el Ministerio de Hacienda el próximo miércoles para debatir y analizar modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Un gesto, el de convocar al Consejo tras haber negociado previamente y en exclusiva con Esquerra en favor de Cataluña, que el titular de Facenda ha tachado de «muy poco leal» y «transparente», aunque ello no implique que no acudirá a la cita. Una ocasión en la que la Xunta presentará alegaciones para evitar lo que consideran un «agravio» para la comunidad autónoma. «No vamos a aceptar ser menos que nadie y que esta convergencia se haga a costa de Galicia. Lo ideal sería que todas las comunidades autónomas estuviésemos en torno a la media en financiación por habitante ajustado», ha aseverado Corgos.