Desde Génova se empeñan en hacer pedagogía con los números de María Jesús Montero y sus «explicaciones un tanto confusas» respecto a cómo va a desarrollarse un modelo, que ven llenos de «mentiras» y «trampas», como cuando el Ministerio eleva a 21.000 millones de euros la aportación 'ex novo' al modelo, cuando 5.000 millones ya están transferidos vía impuestos, por fuera de las transferencias que se corresponden estrictamente con la financiación autonómica. Así que, en realidad, el Estado incorpora 16.000 millones de euros a partir de 2027, y los consejeros relativizan la cifra una vez que aplican la inflación a partir del último año del que hay contabilidad, el 2023, por lo que el resultado final también está abierto a matiz.
Un documento "de estudiante de EGB"
Al anuncio de Montero tampoco le han podido mirar la letra pequeña, porque lo que se ha remitido a las consejerías desde el Ministerio dentro del orden del día del Consejo es la presentación en power point de la ministra y «un documento de apenas cuatro páginas, con una redacción de estudiante de EGB, de contenido declarativo» respecto a cómo son las líneas generales del sistema, pero sin memoria ni informes económicos sobre los que trabajar. En territorios como Galicia, su departamento de Hacienda está haciendo sus propias simulaciones a partir de los escasos datos disponibles para conocer su situación real. «Y es desastrosa», ha reconocido en los pasillos de la Interparlamentaria su consejero, Miguel Corgos, junto a los vicesecretarios de Hacienda y Economía del PP, Juan Bravo y Alberto Nadal. Los hay peores. En casos como el de Castilla y León la financiación por habitante ajustado retrocede respecto al modelo actual, es decir, pierden dinero.
Los expertos del PP reconocen que debe haber «una nivelación» para que las comunidades que más aportan al sistema común de reparto no acaben, tras el reparto final, como perjudicadas frente a aquellas receptoras netas. Pero eso es una cosa y otro el principio de ordinalidad «que solo se cumple con Cataluña» según el cual el tercero en aportar sea el tercero en recibir, como ha presumido ufano Oriol Junqueras tras su reunión con Pedro Sánchez. «Es de una lógica desconcertante», reconocen sin disimulo, «se debe reconocer la capacidad de gasto en función de las necesidades reales, pero no por la capacidad de ingreso» de cada comunidad, sostienen. «Esto es un parche», reconociendo que un buen modelo es el que deja insatisfechas «el 100%» de las exigencias de una comunidad para alcanzar un acuerdo alrededor «del 90 o el 95%» de todas. El PP, insisten, ya tiene un modelo consensuado entre sus presidentes que serviría de punto de partida.
Según dijo Montero el viernes, la Comunidad que verá más incrementada su financiación con el nuevo modelo será Andalucía, con más de 4.880 millones de euros de incremento. Pero, según el PP, «esto deja a Andalucía infrafinanciada» y «por debajo de la media» de financiación por población ajustada, como ya estaba hasta ahora con el actual modelo. «Venimos de una diferencia de 1.500 euros por ciudadano entre la mejor y la peor financiada, y ahora vamos a quedar en 750», perdiéndose la oportunidad de menguar esa brecha. Y la reflexión que también se plantea es qué recursos van a quedar para un Estado dispuesto a ceder 16.000 millones de euros a las CC.AA. «cuando se está endeudando en 60.000 millones al año».
Los populares muestran la convicción de que en un año puede aprobarse un nuevo modelo, y que esté incluso dialogado y consensuado con las Comunidades. Recuerdan cómo durante el gobierno Rajoy el proceso estaba en marcha, tras una comisión de expertos nombrados por los distintos territorios y una posterior negociación con los ejecutivos regionales, y que descarriló de manera abrupta por motivos ajenos al PP: la moción de censura de 2018. «Es factible» hacerlo en doce meses, subrayan, y adquieren el compromiso de no hacerlo a espaldas de las autonomías, que acudirán el miércoles a verse con la ministra «porque somos gente seria», ha defendido el gallego Corgos.
Tellado puso voz a la crítica del PP, señalando que el pacto del Gobierno con ERC supone un «palo para los ciudadanos que cumplen» y un «premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder, quitando dinero a los españoles honrados para dárselo a una administración desleal, como ha sido la de los independentistas».