La medida, confirmada por el secretario de Organización provincial, Josele Aguilar, busca aislar políticamente al líder del partido en Torremolinos y portavoz municipal, Antonio Navarro, quien permanece aferrado a sus cargos públicos pese a estar suspendido de militancia tras una denuncia por presunto acoso sexual.
La situación se ha vuelto insostenible para la dirección socialista. Lejos de acatar las directrices del partido, que exigió la entrega inmediata de sus actas tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Provincial, Navarro mantiene un silencio administrativo que ha obligado a la cúpula malagueña a desmantelar la estructura orgánica local. «Hemos elevado también la solicitud de que se suspenda las funciones de la Comisión Ejecutiva Municipal de Torremolinos», ha afirmado Aguilar, quien ha reconocido que el nombramiento de la gestora se producirá «de manera más o menos inmediata» en cuanto se formalice el trámite burocrático.
Un pulso por el acta
El conflicto institucional es evidente. El PSOE ha perdido el control sobre su activo político más relevante en el municipio, quien ahora ostenta el acta de concejal al margen de la disciplina de partido. Aguilar ha confirmado haber mantenido conversaciones previas con el exregidor y ha adelantado que volverá a contactarlo en los próximos días para reiterarle que «dé cumplimiento a lo que el partido le ha pedido, que es que ponga sus cargos institucionales a disposición del partido».
Sin embargo, la realidad que maneja la dirección provincial es de bloqueo absoluto. Al ser preguntado sobre si Navarro ha dado algún paso para formalizar su renuncia, la respuesta del secretario de Organización ha sido tajante y reveladora de la impotencia actual del aparato: «No nos consta desde luego que lo haya hecho ni nos ha notificado que lo haya hecho».
En su defensa, Navarro ha negado los hechos que se le imputan, según ha trasladado el propio Aguilar, quien ha evitado entrar en valoraciones personales escudándose en la independencia del Comité contra el Acoso y en las diligencias abiertas por la Fiscalía. «Él me ha dado sus explicaciones y su versión», ha señalado Aguilar, insistiendo en que la resolución del expediente no es de su competencia.
Tensión interna y críticas por la demora
La gestión de los tiempos por parte del PSOE ha generado malestar no solo en la opinión pública, sino dentro de las propias filas socialistas. Ante las críticas recibidas por una supuesta demora en la actuación contra Navarro, Aguilar ha defendido que el partido ha actuado «cumpliendo el reglamento» y que se elevaron las medidas cautelares «en el momento en que supimos que se habían abierto las diligencias en la Fiscalía».
Las mujeres del PSOE de Málaga han emitido un comunicado solidarizándose con la víctima y exigiendo que se agilicen los procesos, un gesto que evidencia grietas en el discurso oficial de unidad y celeridad. Aguilar ha intentado templar los ánimos asegurando que respeta «mucho» el comunicado y que comparte la solidaridad con la denunciante, cuyos datos se mantienen bajo absoluta reserva.
«No ha habido en ningún caso ninguna intención ni de dilatar, ni de demorar, ni de tapar nada», se ha defendido el secretario de Organización, intentando disipar la sombra de la inacción que planea sobre la ejecutiva provincial ante un escándalo de esta magnitud.
Con la activación de esta medida excepcional, el PSOE de Málaga agota sus cartuchos orgánicos para tratar de aislar a quien fuera su referente en Torremolinos. La inminente llegada de la gestora permitirá a la dirección provincial tomar el control administrativo de la agrupación, pero no resuelve el nudo gordiano del conflicto: la posesión de un acta de concejal que es personal e intransferible.
Así, la formación se adentra en una compleja etapa de interinidad donde la autoridad de la nueva dirección provisional chocará con la realidad de un edil que, suspendido de militancia y enrocado en sus escaños del Ayuntamiento y la Diputación, mantiene el pulso a las siglas bajo las que concurrió a las urnas.