Debido a las características geográficas de Galicia, la mayoría de estos planes corresponden a incendios forestales (Peifoga), además de aquellos destinados a inundaciones (Inungal), al transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (Transgal) y a los establecimientos industriales que procesan o almacenan sustancias peligrosas.
En este sentido, la Xunta recuerda en el comunicado que está a disposición de las entidades locales y cuenta con guías y modelos para cumplir con esta obligación -descargables en la web de la Consellería de Presidencia, Xustiza y Deportes-, a lo que se suma el refuerzo de la partida para prevención de incendios en los presupuestos autonómicos de 2026, así como medidas para facilitar la actuación de la Xunta en fincas de alto riesgo o penalizaciones por el incumplimiento de aspectos como la no limpieza de las franjas que actúan como barrera contra las llamas.
De los ayuntamientos advertidos por la obligación de contar con planes contra incendios en Galicia (178 en total), 55 se encuentra en la provincia de Orense -que concentró la práctica totalidad de las 120.000 hectáreas calcinadas en agosto-, otros 50 en La Coruña, 50 en Pontevedra y 23 en Lugo. Por otro lado, el Ejecutivo autonómico también notificó la obligatoriedad de contar con un plan contra inundaciones a 31 municipios -12 en La Coruña, ocho en Pontevedra, siete en Orense y cuatro en Lugo- y a otros 22 respecto a los planes por el riesgo en el transporte de mercancías peligrosas -13 en La Coruña y nueve en Lugo, además de tres provincias de Pontevedra-.