«Es un acuerdo exótico», ha reconocido uno de los ponentes de la ley a la salida de la reunión a puerta cerrada que han mantenido los diputados encargados de discutirla. Este empujón a la iniciativa llega solo dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzase un guiño al prófugo Carles Puigdemont en sendas entrevistas en Cataluña, en las que reconoció «incumplimientos» con su formación, pero se comprometió a corregirlos. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, le respondió que su partido sigue donde estaba, en la ruptura con el PSOE, pero de momento ya hay un avance en una de las exigencias que ponía sobre la mesa la derecha separatista catalana: endurecer las penas contra la multirreincidencia en los delitos de hurtos y estafa.
El Pleno del Congreso tomó en consideración esta ley en septiembre del año pasado, pero el PSOE y Sumar la dejaron en un cajón, ampliando el plazo para registrar enmiendas, hasta febrero, cuando Puigdemont amagaba por primera vez con vincular la legislatura a que Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza. Entonces se cerró el plazo para proponer cambios en la norma, pero la ponencia no se reunió hasta meses después y no ha llegado a un acuerdo hasta este jueves. Según fuentes parlamentarias, la Comisión de Justicia se reunirá dentro de dos semanas para aprobar el dictamen y que el Pleno lo pueda debatir en febrero, cuando se retomen las sesiones.
La ley plantea en líneas generales un endurecimiento de las penas a los reincidentes en hurtos, que podrán enfrentarse a penas de prisión de entre uno y tres años de cárcel cuando el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente por tres delitos de hurtos “menos graves o graves” y los objetos sustraídos sean teléfonos móviles con información personal de los afectados. Esto pretende acabar con los robos de celulares que tan comunes se han hecho en el centro de ciudades como Barcelona y cuyos autores, en la mayoría de ocasiones, apenas se exponen a una posible multa.
(INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)