De entrada, este martes en Bruselas se ha alcanzado un acuerdo político sobre el mecanismo de cláusula de salvaguarda en el cultivo de este alimento, en el que esta organización agraria «lamenta que la Unión Europea, de nuevo, no haya sabido defender las producciones comunitarias».
El compromiso político alcanzado sobre la reforma del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) «parte de una cifra demasiado alta que pagarán los agricultores valencianos en forma de competencia desleal». Este compromiso, tal y como informan fuentes europeas, se basa en la media de los últimos diez años (38.000 toneladas), con un margen de aumento del 45 %, lo que da lugar a un umbral de activación de 562 000 toneladas.
En consecuencia, creen que aunque únicamente entre en vigor en 2027 y esta reforma aún puede tener «recorrido y cambiar algo», la base ya no les gusta. «Diseñar una cláusula de salvaguarda sólo para casos muy excepcionales es erróneo, pues solo se activará in extremis y cuando ya sea demasiado tarde».
La Unió critica que mientras en Europa se ponen trabas para la producción, en otras zonas las condiciones del cultivo del arroz están en las antípodas de las exigencias ambientales y sociolaborales europeas y la importación del arroz, con «preferencias arancelarias», genera «una creciente competencia desleal y un gran malestar».
Ante esta dinámica que amenaza su continuidad por el hundimiento de los precios y la caída de la producción, han remitido una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, solicitando su apoyo en la próxima reunión europea del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF), prevista para los días 10 y 11 de diciembre, en la que se debatirá la autorización de la sustancia activa Benzobicyclon, clave para el control de malas hierbas en el arroz en condiciones de inundación.
Esta organización valenciana pone en evidencia «las escasas herramientas con las que cuentan los agricultores para combatir plagas y enfermedades cada vez más resistentes, como Cyperus difformis, Leptochloa spp. y Heteranthera spp». Asimismo, recuerda que la evaluación científica de Benzobicyclon aún no ha concluido, por lo que su retirada sería «prematura» y dejaría al sector sin alternativas viables.
Además, la historia se repite con estos problemas cruzados de presión por las importaciones al tiempo que no pueden afrontar las plagas. «En los últimos años, España ha tenido que recurrir repetidamente a autorizaciones de emergencia, una situación que no es sostenible ni deseable a largo plazo», denuncian desde la Unió. «Necesitamos una solución real, más investigación y no parches todo el rato», reclaman.
En definitiva, esa «combinación» de menos herramientas para producir y más «desequilibrio» en el mercado puede provocar la caída de la producción, «el aumento de la dependencia de terceros países y el deterioro de humedales y ecosistemas cuya conservación depende directamente de los arrozales», señalan, en referencia a la repercusión no sólo económica para los agricultures, sino medioambiental.
Como ejemplos concretos de áreas geográficas afectadas, alertan de «un gran perjuicio para zonas como la Albufera o la Marjal de Pego-Oliva, donde apenas existen alternativas agronómicas y el arroz constituye la base económica, social y ambiental del territorio».
Por eso, hacen una llamada a los grupos ecologistas por la importancia que tiene el cultivo del arroz en los humedales de la UE que, «de seguir en esta línea, se verán gravemente afectados». Desde las organizaciones que componen la Unión de Uniones -federación de toda España donde está integrada La Unió Llauradora de la Comunidad Valenciana- se va a empezar una ronda de contactos con ONG y ecologistas para «tratar estos temas que preocupan más allá de los acuerdos comerciales».