El presidente, como adelantó ABC a principios de diciembre, ha dado instrucciones a sus ministros para que aprueben medidas que no necesiten recibir el visto bueno del Congreso, donde, tras su divorcio con Junts en octubre, presenta todas las de perder. Es decir, más reglamentos y menos leyes. En su balance de fin de año, Sánchez hizo uso del argumentario que tantas veces repite el titular de Presidencia, Félix Bolaños, para presumir de que el Ejecutivo gana el 91 por ciento de las votaciones y ha conseguido aprobar 52 iniciativas legislativas desde finales del 2023. Un alegato para alejar el fantasma de una parálisis que cada vez se manifiesta más corpóreo. Y es que en la actualidad, según los datos cotejados por este diario, hay un total de 145 normas paralizadas en la Cámara Baja.
El Gobierno de PSOE y Sumar ha conseguido que en esta XV Legislatura prosperen veinte proyectos de ley, seis proposiciones de ley y veinticinco reales decretos leyes, además de la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'. Unos números muy pobres si se comparan con otros periodos, incluido el anterior Ejecutivo de Sánchez con Unidas Podemos, y que ocultan las derrotas sufridas, las iniciativas retiradas 'in extremis' para evitar titulares en contra y las muchas normas que se acumulan en las Cortes sin que avance su tramitación.
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De estas últimas, en el Congreso figuran 56 proyectos de ley y 89 proposiciones de ley que permanecen varadas. En algunos casos, porque el Gobierno carece de los apoyos necesarios para sacarlos adelante. En otros, porque son iniciativas que parten de la oposición y que el Ejecutivo no quiere que vean la luz. De ahí nace el 'congelador Armengol', como lo bautizó el PP, que hace referencia a la treta —utilizada en anteriores legislaturas por partidos de distinto color político— consistente en ampliar sistemáticamente el plazo para registrar enmiendas de manera que las leyes se quedan atrapadas de facto.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha prometido reiteradamente que el Ejecutivo llevará los presupuestos ante las Cortes, como mandata la Carta Magna, a pesar de que en los dos últimos meses el Congreso le ha tumbado la senda de estabilidad dos veces; paso previo a la tramitación de las cuentas estatales. La ruptura con Puigdemont aboca a Sánchez al fracaso en la inmensa mayoría de normas —salvo en aquellas que recogen compromisos previamente pactados con la derecha separatista catalana— y de ahí que esta situación de enquistamiento tenga pocos visos de resolverse.
El Senado ha planteado un conflicto de atribuciones contra el Congreso por el bloqueo de sus leyes: ninguna se ha tramitado
Es más, de las 147 iniciativas legislativas actualmente en las Cortes, 'a priori' solo dos recibirán la luz verde: el proyecto de ley de economía social, que se encuentra en el Senado y que contiene medidas acordadas con los posconvergentes, y la ley de multirreincidencia de Junts, en la que el PSOE se ha sumado a toda la derecha —PP, Vox, Junts y PNV— para intentar reconducir sus maltrechas relaciones con el partido liderado por el prófugo de Waterloo (Bélgica). Curiosamente, una iniciativa de idéntico objetivo registrada por los populares en el Congreso es una a las que la Mesa condena a la prórroga infinita para registrar enmiendas. En concreto, la iniciativa lleva más de cincuenta ampliaciones del plazo para proponer modificaciones y permanece en ese estado desde septiembre del 2024.
El Gobierno tiene atascados en el Congreso 56 proyectos de ley —de los que veinticinco proceden de reales decretos leyes convalidados por la Cámara Baja—. De las 89 proposiciones de ley en la misma situación, 52 nacieron en el propio Congreso (42 de los grupos parlamentarios, siete de parlamentos autonómicos y tres de iniciativas legislativas populares) y cuarenta en el Senado.
Las únicas normas que se tramitan con normalidad son las que cuentan con el plácet del Grupo Parlamentario Socialista
Las normas que proceden de la Cámara Alta son el ejemplo más palmario del bloqueo legislativo porque ni una sola de las remitidas a la institución que preside Francina Armengol ha superado el trámite del registro de enmiendas. El Senado, de hecho, ha planteado un conflicto de atribuciones contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional por este motivo. Las que sí han sido tramitadas o bien contaban con el favor del PSOE o bien, ante el clamor social, han visto cómo los socialistas registraban su propia norma al respecto para justificar el descongelamiento, como sucedió con la ley para proteger a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica.
Entre los proyectos de ley del Gobierno bloqueados en la Cámara Baja figuran el de familias, el que busca regular los 'lobbies', la polémica reforma de Bolaños para modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal —que puso a ambas en pie de guerra—, el registro de medios de comunicación, el paso de la instrucción a las manos de los fiscales y la controvertida condonación de deuda a las comunidades autónomas que el PSC prometió a ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Salvador Illa como 'president' de la Generalitat.
Gobierno
Hay 56 proyectos de ley en tramitación en el Congreso que no tienen apoyos para salir adelante. Entre ellos, el de familias, el de 'lobbies', la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, el registro de medios, el paso de la instrucción a los fiscales y la condonación de la deuda a las comunidades autónomas.
Congreso
Son 52 las proposiciones de ley y reformas reglamentarias que esperan en la Cámara Baja. Destacan la de secretos oficiales, la reforma de la 'ley mordaza', la del CIS, la nacionalización de saharauis, la de alquileres temporales, el embargo de armas de Sumar y Podemos, la norma antiokupa...
Senado
La Cámara Alta ha aprobado cuarenta leyes y ninguna se ha debatido en el Congreso. Algunas de ellas son la modificación de la Loreg para que los condenados por terrorismo no se puedan presentar, la ley para que estén exentos del IRPF los perceptores del salario mínimo, medidas contra el narcotráfico...
ILP
En total hay tres iniciativas legislativas populares (ILP) que la Cámara Baja ha tomado en consideración, pero ninguna ha avanzado más. La más polémica, la que pide regularizar a medio millón de extranjeros, que contó con el sí de todos los partidos menos Vox en su primer debate, pero que ha perdido respaldo.
Pero quizá las más significativas sean las proposiciones de ley que plantea el propio Congreso y que permanecen encalladas en él, en distintos estados. Algunas en el plazo para registrar enmiendas; otras sin que se convoque la ponencia que debería discutir la norma a puerta cerrada. Entre otros ejemplos figuran la ley de secretos oficiales, la eterna promesa al PNV; y la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'mordaza' y que mantiene enfrentados a Bildu y a PNV por la autoridad de los agentes policiales, pero también a Podemos porque, ahora que no está en el Consejo de Ministros, propone posiciones de máximos que no asume el PSOE. También esperan su turno la ley de alquileres temporales de la izquierda, condenada al fracaso por la oposición conservadora, la nacionalización de saharauis (Sumar), la ocupación ilegal (Junts), la neutralidad del CIS (PP)... Lo mismo sucede con la iniciativa legislativa popular para regularizar a extranjeros. Más parálisis.