La afectada interpuso una querella contra ellos, al estar vinculados con las citadas sociedades, al entender que se le ofrecieron una serie de inversiones como «seguras», pese a que se instrumentalizaron a través de sociedades que, desde un inicio, tenían «graves pérdidas». En su queja apuntó además que su inversión se basó en la confianza por la «reputación y prestigio» de los partícipes, «quienes se presentaron como garantes del proyecto», ofreciendo una apariencia de solvencia empresarial que no se correspondía con la realidad.
Ahora, el juzgado, en un auto que ha avanzado 'El Periódico' y consultado por ABC, cita este próximo 16 de enero a Laporta y al resto de investigados para tomarles declaración. La resolución recoge que los hechos descritos podrían ser constitutivos de un delito de estafa, «lo que justifica la incoación de un proceso penal». Fue el pasado noviembre cuando la Audiencia de Barcelona acordó admitir la querella, al apuntar que otros juzgados de la capital catalana ya investigaban quejas por los mismos hechos -de otros perjudicados por la supuesta misma estafa-. Así, la Sección Sexta consideró que no haber admitido la de esta afectada supuso «una decisión prematura, al no poder descartarse sin más la repercusión delictiva» de lo que apuntó.
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El tribunal indicó además que la vinculación de los negocios efectuados con «personas de cierta fama y solvencia en el ámbito deportivo», como es el caso de Laporta o «el resultado infructuoso de las inversiones desconociéndose el verdadero destino de las cantidades prestadas» eran motivos para admitir a trámite la queja. En este caso, la mujer relata que fue un intermediario quien le propuso sendas inversiones. Así, a mediados de 2016, un agente de banca le expuso que tendría condiciones beneficiosas y por ello rubricó dos contratos. Uno de «préstamo participativo», por el que concedió 50.000 euros a Core Store, para financiar a cinco años e intereses del 6 por ciento. Otro fue de «compromiso»; invirtiendo 54.000 euros en la suscripción de acciones.
Indicó así que la situación real de las empresas no se le comunicó; -las graves pérdidas de ambas sociedades-; que ya en 2023 los rendimientos habían sido escasos, y que tras su reclamación, un año más tarde le entregaron 12.500 euros, con «el fin de aparentar voluntad de cumplimiento» de los beneficios acordados. Ahora, los querellados tendrán que rendir cuentas ante el juzgado.