El acusado principal, Philip Young, de 49 años, antiguo edil tory en Swindon y posteriormente directivo de la consultora Pracedo, afronta 56 cargos que incluyen violación, administración de sustancias para anular la voluntad de la víctima, voyeurismo y posesión de material ilegal, como imágenes indecentes de niños y otras calificadas como extremas. La presunta víctima, Joanne Young, de 48 años y exesposa del acusado, ha renunciado a su derecho legal al anonimato tras recibir asesoramiento especializado, según indicó la policía de Wiltshire.
Los hechos investigados se habrían prolongado entre 2010 y 2023 y, de acuerdo con la acusación, habrían contado con la participación de otros cinco hombres: Norman Macksoni, de 47 años, imputado por violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, de 46, acusado de violación y tocamientos sexuales; Conner Sanderson Doyle, de 31, acusado de agresión sexual mediante penetración y tocamientos; Richard Wilkins, de 61, acusado de violación y tocamientos; y Mohammed Hassan, de 37, acusado de tocamientos sexuales. Todos ellos comparecieron ante un tribunal de Swindon, donde confirmaron formalmente los cargos. Young se limitó a confirmar su nombre, dirección y fecha de nacimiento, no formuló ninguna declaración adicional ni solicitó la libertad bajo fianza, y quedó en prisión preventiva a la espera de su próxima comparecencia el 23 de enero.
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El superintendente Geoff Smith describió el caso como «una actualización significativa en lo que constituye una investigación compleja y extensa», y subrayó que la víctima ha contado con apoyo especializado desde el inicio. El Servicio de Fiscalía de la Corona, a través del fiscal James Foster, señaló que los cargos se autorizaron tras constatar que existía «prueba suficiente para acusar» y que resultaba «de interés público iniciar procedimientos penales», según un comunicado oficial.
La estructura que aflora en esta causa británica, de abuso sostenido en el tiempo, presunta administración de sustancias que neutralizan la resistencia de la víctima y participación de múltiples agresores, es similar al caso Pelicot, juzgado en Francia, donde Dominique Pelicot fue condenado en 2024 a veinte años de prisión por haber drogado y violado a su exesposa, Gisèle Pelicot, durante años, junto con decenas de hombres. Más de cincuenta fueron condenados en aquel proceso, que puso de relieve la existencia de redes que operan en la sombra y utilizaban internet para documentar y compartir las agresiones.
La resonancia europea de estos casos se amplificó la semana pasada con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Aquisgrán, en Alemania, contra un hombre de 61 años, identificado como Fernando P., de nacionalidad española y que trabajaba como conserje escolar, que drogó a su esposa con barbitúricos entre 2018 y 2024, la violó repetidamente, filmó las agresiones y difundió las imágenes en internet. El tribunal lo condenó a ocho años y medio de prisión.
Aunque los casos no estén vinculados entre sí, sí comparten elementos que han sido destacados por especialistas en violencia sexual, como la dificultad para detectar abusos que se producen dentro del hogar y durante largos períodos, la complejidad probatoria asociada al uso de sedantes o barbitúricos y el impacto de la digitalización, que convierte las agresiones en contenidos susceptibles de circular y almacenarse durante años. En Reino Unido, Francia y Alemania, los tres procesos ilustran la fragilidad de los mecanismos de detección y protección cuando la agresión se inserta en dinámicas de convivencia, confianza y dependencia, y en los que la víctima permanece durante largo tiempo sin posibilidad de pedir ayuda o sin capacidad para reconstruir lo sucedido.