El caos en los juzgados obliga a Bolaños a replantearse los plazos de los tribunales de instancia

Bolaños se vuelca en el control a los jueces mientras más de 20 leyes están congeladas

Nati Villanueva

Proposiciones sobre multirreincidencia, narcotráfico u okupas sufren llamativas ampliaciones de plazos

Consideran que, a diferencia de los partidos judiciales pequeños, las grandes ciudades (donde se concentra la mayoría de la población y del volumen de trabajo jurisdiccional) no están en condiciones de afrontar esta reforma de la organización judicial por la que los 3.627 órganos unipersonales de España, cada uno con un juez o magistrado y un letrado de la administración de justicia (LAJ), se están convirtiendo en tribunales de instancia del territorio correspondiente. Esto implica que el asunto ya no se atribuye a un juez concreto, sino al tribunal como colectivo, y dentro de ese tribunal se lleva a cabo un reparto de naturaleza gubernativa similar al que se hace ahora en las audiencias provinciales.

Pero hay una segunda pata en esta reforma, cuyas dos primeras fases ya se pusieron en marcha en julio y octubre de este año, y es el encaje de estos órganos de naturaleza jurisdiccional con toda la organización de la oficina judicial, donde están todos los funcionarios de justicia y los LAJ que dan servicio al tribunal de instancia.

En declaraciones a ABC, la presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, alerta de que si no se da un margen mayor, «esto va a ser un desastre». La implantación tiene que hacerse de forma gradual, dice, porque en 11 meses «no se puede cambiar una estructura judicial» que data de 1870. Recuerda Del Barco que en pueblos de la periferia de Madrid, donde los tribunales de instancia se han implantado en fase 1, «hay juzgados que aún no han levantado cabeza, procedimientos que siguen en cajas empaquetadas. En la fase 2, más de lo mismo. Si esto es así es fácil imaginar lo que va a pasar en partidos judiciales como Madrid capital, Barcelona, Sevilla o Valencia«. »Esto es un auténtico despropósito«, insiste.

Del mismo caos advierte el juez Fernando Portillo en declaraciones a ABC. «Se están trasladando despachos, moviendo personal, armarios... En algunos lugares no saben qué está pasando con los procedimientos, quién los tiene, quién los lleva, dónde están«. Señala este magistrado, para quien el fin último de esta ley es »aparcar al juez en su despacho y sacarlo solo para hacer juicios y poner sentencias« porque el control de la oficina judicial se atribuye a los LAJ, que dependen directamente del Ministerio.

Portillo sostiene que «es verdad los jueces vamos a poder seguir manteniendo criterios de tramitación y de señalamientos, pero también es cierto que nos están obligando a ponernos de acuerdo porque los criterios míos no tienen por qué coincidir con los criterios del compañero de al lado« y por eso necesitan una »directriz clara«.

Tras el llamamiento de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al ministro, trasladándole la preocupación de los jueces decanos de las grandes ciudades ante una falta de preparación que puede «lastrar» esta última fase, cuya implantación está prevista en 17 días, Bolaños parece dispuesto a escuchar ahora a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia y a tal efecto ha convocado para el día 22 la conferencia sectorial de la administración de justicia. Si los consejeros de esas comunidades solicitan una «prórroga breve para culminar la tercera fase en algún partido concreto, el ministerio lo apoyará», se señala desde Justicia.

El problema es qué entiende el ministro por «breve» y si entrará en sus planes retrasar esta tercera fase el tiempo que le pidan las comunidades autónomas para la puesta a punto (los LAJ estiman que no menos de seis meses). Entre los problemas advertidos por los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca se encuentran la dispersión de sedes -lo que puede dificultar las relaciones entre el juez y los funcionarios responsables de cada asunto-; la falta de digitalización, pues donde no existe expediente digital electrónico, hay riesgo de pérdida de los originales de las causas; demora en el nombramiento de los LAJ que dirigirán las oficinas o el excesivo número de funcionarios interinos, sin formación necesaria para desempeñar estas funciones.

De igual forma, el Colegio Nacional Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de Letrados (UPSJ) consideran que «no se cumplen las condiciones mínimas para la implantación efectiva» de estos tribunales. Entre otras cuestiones denuncian que el proceso de acoplamiento de letrados y funcionarios aún no se ha realizado en ninguno de los territorios, que los sistemas de gestión procesal no tienen las adaptaciones necesarias, que no se ha aprobado la resolución definitiva que regulará sus normas y que desconocen las funciones que tienen que desempeñar.

«No tenemos todavía ninguna adscripción administrativa estricta y correctamente adjudicada, no tenemos una comunicación oficial que nos diga dónde tenemos que ir el 2 de enero ni cómo debemos prestar los servicios«, dice Ernesto Casado, presidente del CNLAJ.

A su juicio, «se está haciendo todo de forma muy atropellada, sin garantías» y con un agravante, que es que en muchas comunidades autónomas todavía hay expedientes en papel, lo que implica que no solo haya que hacer una organización administrativa, sino física de todos los expedientes judiciales, y además corriendo, lo que «inevitablemente va a ocasionar pérdidas de expedientes y retrasos con absoluta seguridad«.