La Audiencia Nacional ha ordenado en total 19 registros en el marco de esta investigación que ya cuenta con tres detenidos: Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon. Los agentes de la UCO se han repartido entre Madrid, Sevilla y Zaragoza.
En la capital, los guardias civiles están buscando información en la sede de la SEPI y en el piso de la calle de Diego de León, que alquilaba Vicente Fernández y en el que Leire Díez se reunía con empresarios para buscar «trapos sucios» sobre mandos policiales, jueces y fiscales.
Otro de los puntos de interés es el edificio de Enusa. Esta empresa pública está dirigida en la actualidad por Mariano Moreno, el conocido como gestor de los sobres en efectivo de la sede del PSOE de Ferraz. El exgerente del PSOE fue interrogado como testigo en el Tribunal Supremos por el caso Koldo.
Cabe recordar que la empresa pública Mercasa ya ha sido investigada con anterioridad por la Audiencia Nacional De hecho, en 2022 el juez Santiago Pedraz acordó la apertura de juicio oral en una de las piezas del caso Mercasa contra 18 personas físicas y 4 mercantiles por irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola), mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país. El magistrado dirigía la acusación contra todos ellos e imponía el pago de fianzas de 22.206.894 euros.
Fuera de Madrid, en Zaragoza, el epicentro de las pesquisas es la sede de Forestalia. Una empresa dedicada a la energía verde donde se buscan contratos sobre las adjudicaciones públicas que han conseguido en los últimos años.
Un bar en Sevilla
De la misma forma, en Sevilla, los agentes están en un bar de la Cartuja, que tiene el nombre de La Bola, que pertenecería a Vicente Fernández. Se sospecha que este negocio podría ser utilizado para blanquear dinero, una dinámica similar a la vista con el bar Franky: el establecimiento de Pamplona señalado por la Guardia Civil.
El objetivo de los investigadores es conseguir documentación sobre las contrataciones públicas que se emitieron a determinadas empresas en el periodo comprendido entre el 2021 y 2023.
La instrucción de esta causa se enmarca en una investigación del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que permanece bajo secreto de sumario. Después de este intenso jueves de registros, la UCO agotará el plazo para pasar a disposición judicial a los tres detenidos.
Estas diligencias se iniciaron gracias a una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Como desveló ABC, la semana pasada Antonio Balas, el jefe de las pesquisas económicas de la UCO se reunió con el magistrado Antonio Piña para ultimar los detalles de esta gran operación.