Al comparar el número de trabajadores que no acudieron ningún día del año a trabajar en 2024 con las de 2018 -año previo a la pandemia de Covid-19-, la evolución no deja lugar a duda. Según especificó el presidente de la CEG, en estos seis años la cifra ha pasado de los 61.000 de entonces a los 95.639 del año pasado, lo que supone un incremento del 56,79%. De hecho, las bajas de 2024 supusieron un coste directo de 432,5 millones de euros para las empresas gallegas.
«En 2025 se mantuvieron reuniones con la Inspección de Salud Pública de la Administración autonómica para intentar corregir estos excesos. Se han puesto medidas encima de la mesa, se está intento llevar a cabo la disminución de este problema que tenemos en Galicia y en otras comunidades autónomas», afirmó Vieites, descartando a su vez que se trate de un problema relacionado con el envejecimiento, ya que el segmento que más falta a su puesto es el de los trabajadores «de entre 28 y 45 años».
Un problema complejo ante el cual la patronal gallega pide aunar esfuerzos para acabar con los casos de bajas fraudulentas a través de medidas como la agilización de las pruebas que en ocasiones dilatan estas ausencias, para lo que señalan a las mutuos como un posible aliado para poner coto a este fenómeno.
Subida del Salario Mínimo Interprofesional
Otro asunto de inmediata actualidad son las negociaciones para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuya revalorización se situará entre el 3,1 y el 4,7% para el próximo año -entre 1.221 y 1.240 euros brutos al mes en 14 pagas- según la propuesta del Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz. A pesar de que la vicepresidenta ya rechazó el 1,5% propuesto por la CEOE, la patronal gallega insiste en que el SMI es ya un 4,9% superior al salario medio en función de la EPA (Encuesta de la Población Activa) y que la subida no podrá ser absorbida por las empresas más pequeñas.
En este sentido, Vieites criticó que los cálculos de Trabajo no contemplan los salarios de sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca o el servicio doméstico, por lo que se «distorsiona al alza» perjudicando especialmente a estos sectores intensivos en mano de obra. A su juicio, estas subidas debe de ir aparejadas a la productividad para evitar dañar el tejido productivo español y gallego, donde las Pymes y autónomos son mayoría y se ven más afectadas por este incremento salarial.
De hecho, el presidente de la CEG destacó la necesidad de apoyar la financiación de estos actores, a través de convenios como los que ha firmado con Abanca o el Banco Sabadell para mejorar las condiciones de crédito. «Los autónomos no son solo la base de muchos oficios, sino también generadores de empresas y hemos defendido sus intereses», aseveró Vieites, que destacó con orgullo el hecho de que Galicia sea la comunidad con «mayor número de personas trabajadoras autónomas por habitantes», con una tasa de actividad emprendedora del 6,5%.
En otro orden de cosas, la CEG también profundizó en otros asuntos capitales para Galicia, como la vulnerabilidad de infraestructura eléctrica -que quedó demostrada durante el apagón del pasado mes de abril-, la hiperregulación, la necesidad de gestionar los fondos europeos de forma territorializada para garantizar que sirvan para la cohesión interterritorial o solucionar el bloqueo de los proyectos eólicos en la comunidad.
A propósito de los eólicos, Vieites incidió en que los empresarios «lamentan» el rechazo «sistemático promovido desde determinados ámbitos, sobre todo el jurídico». «Aun con los informes favorables de la Comisión Europea y de otras administraciones, la parte jurídica está intentando parar proyectos muy importantes en Galicia y eso significa que no hay desarrollo y que los inversores se puede ir a otras partes», valoró el presidente de la patronal gallega.