Los embalses de Córdoba afrontan el inicio de un nuevo año hidrológico con las reservas por lo alto
Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir están llenos al 42,2% frente al 25,6% de hace 365 días
La obra de conexión del pantano de El Viso con el de Belmez es una tarea obligatoria que tiene como objetivo evitar que 72.000 habitantes de 24 municipios (no todos) de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches vuelvan a quedarse sin agua potable durante un año como sucedió en 2023 durante lo peor de la sequía.
El desencuentro entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba con el Gobierno de España y la Confederación del Guadiana es un problema que hunde sus raíces desde que el Ejecutivo andaluz declaró de interés de la Comunidad esta obra para conectar La Colada y Sierra Boyera en junio de 2020. Sin embargo, el conflicto se ha recrudecido en los dos últimos años, desde que la Junta licitó esta obra en noviembre de 2023.
La batalla
La batalla política y administrativa, en cualquier caso, parte de un problema previo. La Junta de Andalucía, entonces aún en manos del PSOE, decidió no acabar las obras de conexión entre La Colada y Sierra Boyera en 2009. La presa de El Viso se había inaugurado en 2006 como respuesta a la sequía de 1995. La conexión de los embalses se ejecutó al 90 por ciento, pero se dejó un 10% sin realizar.
La sequía iba a dejar sin agua (ni potable ni abastecimiento) a 72.000 habitantes del Norte de Córdoba ante el vaciado de Sierra Boyera. Ante esta situación, el Gobierno de España decidió finalizar, con una obra provisional y de emergencia, la conexión. La actuación duró unos cuatro meses y costó 4,3 millones. Sirvió para garantizar el suministro, pero no la calidad. Además, la provisionalidad provocó que tuviera que bombear con energía diesel. Ni siquiera tiene electricidad.
Para hacerla «robusta y definitiva» con varias mejoras fundamentales, la Junta, que había declarado de interés de la Comunidad esta actuación en 2020 tras la llegada del PP al Gobierno regional, inició la licitación de la obra en noviembre de 2023. Tras un proceso al que se presentaron casi una veintena de empresas, el contrato se adjudicó el 23 de octubre de 2024 a Jicar. Estos 14 meses han sido una tortura para los vecinos mientras ven la pelea pública de las instituciones.
Nada más adjudicar el gobierno de Juanma Moreno la obra que el PSOE paró sin acabar en la Junta en 2009 comenzaron los problemas. La CHG, que no había puesto reparos en el trámite de audiencia pública a esta intervención, sacó la mano para advertir que tenía que autorizar la explotación del agua que pedía la Diputación como la intervención de la Junta. Se veían venir las pegas. Y llegaron. El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, anunció en una entrevista en ABC que tenían 18 meses para autorizarla. Parecía un obstáculo a una obra que parecía inminente.
El proceso se enquistó por completo cuando el órgano de cuenca anunció su decisión. La CHG concedió la explotación de agua, pero negó la obra de la Junta. De ésta, sólo veía necesaria (y permitía), el tendido eléctrico. Lo hizo el 15 de abril de este año, en plena Semana Santa. Entre sus argumentos, estaba que no podía permitir el caudal de extracción de 600 litros por segundo solicitado (sólo autorizó 400), la afección ambiental —aunque el proyecto tiene la autorización ambiental de la Junta, competente en la materia— con la duplicidad de canalizaciones y la ineficiencia económica de gastar 9,3 millones en un problema que, a ojos del Gobierno, ya se arregló con su bombeo provisional.
La Junta y la Diputación presentaron sus alegaciones el 2 de mayo para salvar este entuerto. La respuesta a este trámite de subsanación volvió a ser negativa en una propuesta de resolución de junio. La CHG volvió a notificar la misma en julio. Para reforzar la negativa, el presidente Moraleda dio una rueda de prensa en Córdoba el 16 de julio. Advertía que la Junta y la Diputación contestaban antes del 21 de julio o el trámite finalizaba.
En este contexto, la Diputación optó por solicitar la suspensión de aquel procedimiento, mientras tramitaba un modificado para acoger las peticiones del Guadiana. La Confederación le dio un plazo de seis meses para presentarlo y después pronunciarse sobre él. En septiembre, técnicos de la CHG y la Junta se vieron para acordar los términos del modificado. La Junta presentó ayer, 10 de diciembre, este nuevo proyecto, al que le dará traslado a través de la Diputación. Ahora, la decisión vuelve a estar en manos del órgano de cuenca. La incertidumbre sigue latente, porque las soluciones son similares.
ABC contactó ayer con la CHG para conocer qué trámites y plazos seguirá el proceso a partir de ahora. La respuesta fue que, de momento, no había recibido traslado del proyecto modificado. De fondo, la Diputación ya advirtió en septiembre de este año que si la CHG no autoriza este modificado desistirá de la obra y comenzará la reclamar la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera.