Aunque se ha publicado en algunos medios que la causa judicial se había archivado, Francisco Ángel lo ha desmentido y ha asegurado que los servicios jurídicos del SPPLB iniciarán las «acciones judiciales» que consideren oportunas en este caso.
Esta investigación arrancó precisamente a raíz de una denuncia suya, pero que posteriormente asumió la Fiscalía, que al sentar en el banquillo a ocho acusados -dos concejales y seis sindicalistas y técnicos municipales presuntamente implicados- ha formulado peticiones de hasta ocho años y seis meses de prisión, así como seis y seis meses de inhabilitación.
La última hora de la causa judicial es que la Audiencia Provincial de Alicante, donde arrancó el juicio el pasado 6 de noviembre, debe decidir sobre una petición de nulidad de las defensas argumentando que la instrucción agotó los plazos legales en 2017, cuando se tenía que haber prorrogado -tal como solicitó el SPPLB-. Asimismo, los acusados tratan de eludir cualquier responsabilidad por prescripción de los delitos.
Se les atribuye presuntamente haber cometido prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, mediante contratos que no estaban autorizados por el Ministerio de Hacienda debido a las reglas de austeridad en el gasto público, además de pluses salariales generosos y ascensos a familiares y afines al PSOE.