Todo ello está dando lugar a que las personas más desfavorecidas no puedan acceder a una vivienda, convirtiéndola en un problema social de primera magnitud que tiene una incidencia muy particular en los jóvenes ya que, ante esa imposibilidad, se ven obligados a continuar viviendo con sus padres o, como mal menor, irse a otras poblaciones lejanas de donde nacieron.
Para abordar este problema se están planteando diferentes iniciativas tendentes a reducir el precio de la vivienda, pero no terminan de resolverlo por la lentitud que requiere su puesta en marcha o por la falta de decisión de las administraciones en reducir la presión fiscal, sobre todo el Gobierno Central y los propios Ayuntamientos.
En este contexto, sin embargo, se debe valorar positivamente el Decreto de Medidas Urgentes que ha aprobado recientemente la Junta de Andalucía para construir 20.000 viviendas de precio asequible en los próximos 5 años, utilizando para ello suelos ya existentes en el interior de las ciudades y que no se han promocionado a lo largo del tiempo por tener un uso inadecuado o una falta de demanda de los mismos, lo cual ha aconsejado que el referido Decreto posibilite de forma directa los cambios de usos de los suelos, el aumento de la densidad e incluso de la edificabilidad, siempre que los nuevos proyectos se destinen a viviendas de precio asequible.
Se debe resaltar que esta iniciativa también va encaminada a favorecer la construcción de viviendas más pequeñas, que son las que demandan los jóvenes y que la medida ya se ha experimentado con gran éxito en otras ocasiones, como fue en el Polígono Aeropuerto de Sevilla en la crisis que tuvo el sector posterior a la Expo permitiendo el cambio de 2 viviendas por 3 apartamentos (fórmula llamada 3x2) o en la planificación del proyecto de Entrenúcleos que también incrementó el número de viviendas inicialmente previstas, de 6.750 viviendas a más de 20.000 unidades.
Para desarrollar este programa, la Consejeria de Fomento ha creado un portal telemático para conocer las bolsas de suelos disponibles y a partir de ahora cada municipio tiene la oportunidad hasta el próximo mes de marzo de 2026 de comunicar a la Junta de Andalucía los suelos de su localidad que se deseen adherir al programa, debiendo significar que a él se pueden registrar e incorporar tanto suelos públicos como privados de forma que ya no existirá ninguna excusa para que los suelos urbanos vacantes queden sin utilizarse para un fin tan social como sin duda lo es la vivienda protegida.
En el caso de Sevilla capital, Gaesco ha realizado para este fin un pormenorizado estudio en el que concreta que existe suelo más que suficiente en sus 11 distritos urbanos para abordar el programa que señalamos.
Sin perjuicio de lo anterior, creemos que la medida que apuntamos se podría impulsar aún más si la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, actualmente en trámite parlamentario, o la próxima Ley Estatal del Suelo, permitieran la reducción de las dotaciones y equipamientos que actualmente se exigen para aquellos proyectos que se sitúan en la ciudad consolidada y sin embargo dispongan en la práctica de esas dotaciones en sus propios ámbitos, ya que ello no sólo reduciría el precio de la vivienda, sino lo que también es esencial: ayudar a que los jóvenes pudieran volver a sus barrios tradicionales, como la gran mayoría desea.