El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León, Miguel Ángel Ortiz, aseguró ayer que pese a la lejanía del territorio catalán la detección de la peste porcina «impactará sobre todo a las exportaciones a terceros países», que se blindarán, ante los casos aparecidos y acabará por «afectar» a todos las instalaciones de este tipo.
En este escenario de «incertidumbre», «lo único que pueden hacer los ganaderos es mantener la calma y extremar las medidas de seguridad que ya se estaban aplicando». Son conscientes de la situación, detalló, y por ello se han mantenido ya desde hace tiempo reuniones «por si esto pasaba». «Ahora somos un sector más profesionalizado que hace treinta años, lo que ha ayudado a que exportemos a más de 150 países», indicó, algo que le lleva a pensar que el efecto será «menos negativo» que en el anterior brote español en 1994.
En ese sentido, recordó que la enfermedad no se transmite al ser humano ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos y tampoco otra especie animal , por lo que pidió a la población que destierre el «miedo» a la hora de consumir los productos. No temen a que peligre la campaña navideña, porque ya «está muy avanzada». Los efectos, de llegar, será «después».
En la Comunidad, hay un censo de más de un millón de ejemplares – el tercero más amplio de España y un 3,3 por ciento más que en 2023 –, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura. El sector no ha dejado de crecer en los últimos tiempos.
Desde la Denominación de Origen Guijuelo (Salamanca), una de las más importantes de Europa dedicada al jamón, están a la espera de la evolución. Así lo reconoció su directora general, Teresa Rodríguez, quien llamó a la «responsabilidad» y a seguir extremando las medidas de seguridad. Al respecto, explicó que desde el último foco detectado en España hay planes de contención «actualizados» en torno a una enfermedad que ya hace dos años comenzó a «aproximarse» a España con focos como los registrados en Italia.
«Es una mala noticia», opinó sobre el hecho de que la peste porcina haya vuelto a España, por «las consecuencias que puede tener». Y es que se trata de una infección con una alta tasa de mortalidad en los animales afectados, lo que puede conllevar importantes pérdidas económicas entre los productores.
Además, existe «mayor riesgo» en las explotaciones de extensivo, como las que existen en la provincia salmantina porque «el campo está abierto». Así que habrá que esperar a ver qué medidas se ponen en marcha por parte de las administraciones públicas. Unas acciones que, consideró, deben estar «coordinadas» entre los diferentes territorios y teniendo en cuenta las características de cada uno.
Ante esta situación, la Junta de Castilla y León ya ha anunciado que intensificará la caza del jabalí para reducir su población en la Comunidad, especialmente en las zonas de producción de porcino, con el fin de evitar la transmisión ante los casos positivos detectados en estos mamíferos silvestres en la comunidad catalana.
Esta medida se enmarca en el Plan de Gestión de esta especie impulsado por el Gobierno autonómico y se pone en marcha a pesar de no haberse detectado casos en Castilla y León. El Ejecutivo regional solicita, en este sentido, la colaboración de los ciudadanos y en el caso de detectar u observar ejemplares muertos o enfermos de jabalíes o cerdos silvestres pide que «informen inmediatamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 1-1-2», informa Ical.
Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, mantuvieron ayer una reunión de coordinación con parte de su equipo y la directora general de Salud Pública, Cristina Granda, en la que se definieron las actuaciones y protocolos ante la identificación del virus.
En primer lugar, el viceconsejero de Política Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, trasladó «un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía», ya que insistió en que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.
No obstante, la Junta reforzará la información a los servicios veterinarios y al propio sector con el fin de que se extremen las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado porcino y en el transporte de los animales. Además, se reforzará el control y prevención, así como la detención temprana del virus llegado el caso.
En materia económica, dijo, el porcino es un sector «muy importante para la Comunidad y para España», y sostuvo que los acuerdos comerciales con terceros países «permiten la regionalización de la enfermedad y, por lo tanto, Castilla y León está libre». «Ahora hay que estar muy atentos y vigilantes, junto con el sector, a todo lo que pueda acontecer para desarrollar todas las actuaciones descritas en los planes nacionales o los manuales para esta enfermedad», apuntó.
Control de jabalíes
También se refirieron a este asunto las organizaciones agrarias. Asaja exigió «un control de censos de jabalíes» ante «su expansión» por todo el territorio. Por ello, consideró que el plan de contención debe ser «diferente» al que se puso en marcha hace treinta años y debe tener como «principal objetivo la vigilancia y el control» de la población del citado animal silvestre. Por todo ello, pidió a la Junta y al Gobierno central «un plan de actuación dotado de medidas y presupuesto económico suficiente».
Además, resaltaron en un comunicado «el estricto control sanitario y de bioseguridad que se lleva a cabo en las granjas» del sector porcino español. En Castilla y León este aspecto es «mayor, si cabe, debido a que las granjas son más modernas, y las instalaciones, además de más distantes entre sí, se han construido con las últimas exigencias normativas», concluyeron.
También UCCL instó a la «coordinación de todas las administraciones públicas» para contener posibles saltos de la enfermedad entre autonomías. Además, exigió que intensifiquen «los controles sobre fauna silvestre» porque es «un reservorio de enfermedades que transmiten a las ganaderías».
Por su parte, el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, explicó que el colectivo vive la situación con «muchísima preocupación» y recordó que llevan «mucho tiempo» advirtiendo del sobredimensionamiento de la población de jabalí y de que «esto iba a llegar». Además, rechazó que sea la UME quien tenga que encargarse de eliminar a los jabalíes de la zona en la que han aparecido los casos, ya que los cazadores tienen «más conocimiento» de la especie y pueden «colaborar».