La autopsia certificó que había muerto, probablemente, la misma fecha de su desaparición o en días próximos. Aquel domingo, última vez que lo vieron, Rachid vestía una chaqueta naranja, vaqueros azules y zapatos negros. Había salido de casa para dar una vuelta por el barrio. Se llevó su móvil, pero no así documentación, ni dinero o tarjetas de crédito.
«Mi hermano estaba todo el día en casa. Era una persona muy tranquila. Si salía, siempre estaba cerca, en un bar, tomando algo, y luego volvía», recuerda Karima. La última vez que ella lo vio fue la víspera. El sábado. «Salía de hacer la compra en el supermercado, con mi hija pequeña, que tenía un año y medio. Vi a Rachid con dos desconocidos. Se me acercó para ayudarme y le pregunté quién era esa gente, pero él por su discapacidad no sabía distinguir entre el bien y el mal y a todos les daba confianza», lamenta.
Al día siguiente cuando, tras salir a dar una vuelta, pasadas las 22.00 horas –con el toque de queda en vigor por la pandemia– Rachid aún no había vuelto al domicilio familiar, se encendieron las alarmas de los Benali. «Se había dejado todo en casa. Su pasaporte, su cartera, todo. Sólo se llevó el móvil», detalla. Un teléfono que dejó de dar señal, y ya no volvieron a saber de él.
Formalizada la denuncia por la desaparición, la Policía catalana realizó unas primeras gestiones para tratar de dar con su paradero. Lo buscaron, sin éxito, en la zona de Figueres que solía frecuentar con sus amigos. También descartaron que se hubiese alojado en algún hotel o estuviese ingresado en algún hospital tras sufrir un accidente.
Sólo unos días más tarde, ya en enero, un conocido del padre de Rachid trasladó a los agentes que el día de su desaparición se lo había encontrado en compañía de tres individuos, de nacionalidad argelina, cenando en bar cercano a la estación de autobuses del municipio. Rachid le ofreció unirse a ellos, a lo que este le replicó que no debía juntarse con desconocidos, pero el joven prefirió quedarse, y le indicó, además, que luego tenían la intención de viajar hasta Francia.
Este testigo no pudo aportar más que una descripción genérica de los tres hombres que estaban con Rachid, por lo que los investigadores contaban con un sólo hilo del que tirar: el desaparecido podría encontrarse en territorio galo. Fue así como, al haber salido de casa sin dinero y, al sufrir una discapacidad, pensaron que esos posibles sospechosos podían haberlo engañado, y pidieron intervenir sus comunicaciones y geolocalizar su teléfono. Pero el juzgado a cargo del caso, entonces Instrucción 4 de Figueres, rechazó la petición, al considerar que Rachid era mayor de edad, y que no existían indicios de que su marcha fuese causada por la intervención de terceros. Para entonces, aunque sin saberlo aún, la Guardia Civil ya había encontrado su cadáver. Fue el 29 de diciembre de 2020, cuando localizaron un cuerpo, flotando, en la cala Claper de Portbou (Gerona), localidad junto a la frontera gala, a escasos 30 kilómetros de Figueres, donde se le vio por última vez.
Caso reabierto
Un juzgado de Figueres reabre las pesquisas después de que el Tribunal Constitucional admitiese el recurso de amparo de los Benali
Estaba en avanzado estado de descomposición y la ropa no coincidía con la que vestía que Rachid la fecha de su desaparición. El cadáver llevaba una camiseta de manga corta, con motivos amarillos, un jersey marrón y una sudadera negra. No portaba pantalones. Las prendas eran de Zara, pero, gracias al código de barras, los investigadores descubrieron que pertenecían a una tienda francesa. El informe provisional de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue una parada cardiorespiratoria, pero de origen «indeterminado». Es decir, no podía descartar un posible homicidio.
En paralelo, el informe toxicológico desveló que en el organismo de Rachid había tres sustancias: alcohol, un ansiolítico inductor del sueño y un fármaco que trata la epilepsia. No tenía prescritos ninguno de esos medicamentos.
Geolocalización
En julio de 2021, transcurridos ya siete meses de la desaparición y del hallazgo del cuerpo, el Instituto Armado consiguió identificarlo, por una coincidencia dactilar. En noviembre, comunicaron a los Benali que su hijo estaba enterrado en el cementerio de Gerona. Fue entonces cuando su madre, Fátima, compareció ante juzgado para personarse como acusación y su abogado, Benet Salellas, solicitó, dada la posible muerte criminal, y el riesgo de pérdida de información, al haber pasado casi un año desde la denuncia por desaparición, que se geolocalizase el teléfono de Rachid, tal y como habían solicitado los Mossos en un inicio.
El juez, estando el caso ya en Instrucción 7 de Figueres, rechazó la petición, alegando que no había indicios de muerte violenta. Tampoco de desaparición involuntaria. La madre recurrió, pero la Audiencia Provincial de Gerona también desestimó su petición. Ha sido ahora cuando el Tribunal Constitucional ha dado la razón a la familia, ordenando investigar la muerte de Rachid, al entender que concurren elementos que apoyan la tesis de que se produjo «en circunstancias sospechosas» y que «no se puede descartar con rigor la intervención de terceros». Así, tras el fallo, que estima el recurso de amparo –que contó con el apoyo de la Fiscalía–, el juzgado de Figueres ha tenido que reabrir las pesquisas. En el auto, al que ha tenido acceso este diario, el juez ha citado, el próximo 20 de noviembre, además de a los progenitores, al testigo que vio por última vez al joven.
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También hace constar que ha consultado ya al Ministerio público para que se pronuncie antes de decidir si solicita a la operadora del móvil de Rachid la intervención de sus comunicaciones y su ubicación desde el 13 de diciembre de 2020. El problema, tal y como teme la familia Benali, es que haya pasado ya demasiado tiempo, y que la intervención, denegada en tres ocasiones tras su desaparición, ya no sirva para nada, ya que las compañías telefónicas sólo tienen la obligación de guardar los registros –llamadas entrantes y salientes– durante un año y casi han transcurrido cinco. «Estoy muy enfadada», admite Karima, porque, aunque su abogado solicitó dicha diligencia tan pronto les comunicaron el hallazgo del cuerpo, a punto de cumplirse el año desde la última vez que vieron a Rachid, la Justicia no lo consideró oportuno. Tampoco meses antes, cuando lo reclamaron los Mossos.
El Constitucional les ha dado la razón, al entender que, tanto el juez de instrucción como la sala de apelación, sobreseyeron el caso con «una falta absoluta de indagación oficial» que permitiese confirmar o descartar tanto una muerte natural como la homicida, tras haber omitido «datos esenciales para decidir con rigor»: desde la desaparición sorpresiva, al contacto con extraños, pasando por la discapacidad de Rachid, que su teléfono quedase inoperativo, hasta el descubrimiento del cadáver en el mar, cerca de la costa francesa, semidesnudo, con prendas de ropa nueva «que el fallecido no pudo comprar ya que carecía de dinero». También la detección de sustancias que no consta que consumiera, y que no sufriera patología alguna que pudiese explicar la parada cardiorrespiratoria.
Recuerda además la Sala Segunda que el instructor no sólo no autorizó la intervención del móvil del joven, sino que ni siquiera escuchó al testigo, ni a la familia del fallecido, o al empleado del local donde cenó la última vez que lo vieron. Tampoco consta que se revisasen las grabaciones de la zona para tratar de averiguar qué ocurrió aquella noche. En definitiva, las pesquisas fueron insuficientes para esclarecer «una muerte en circunstancias sospechosas» y ahora el juzgado de Figueras tendrá que investigar qué le ocurrió a Rachid.