Son los hechos por los que precisamente en este momento se juzga al fiscal general del Estado como presunto responsable de dicha filtración, que el próximo miércoles declarará como acusado en el Tribunal Supremo.
Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, la Sala descarta el recurso de la defensa de González Amador y confirma el procesamiento, por lo que la decisión le pone a un paso del banquillo.
La investigación contra González Amador arrancó en marzo de 2024 a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Madrid después de que la Agencia Tributaria detectara un presunto fraude en el impuesto de sociedades de su mercantil, Maxwell Cremona, por importe de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 (155.000 y 195.951, respectivamente).
En su auto de procesamiento, la juez expuso que "de las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas por la inspección de la AEAT resulta que la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Funcionamiento del Medio Ambiente S.L. en los años 2020 y 2021 registró un incremento de sus ingresos por la intermediación en una operación de venta de material sanitario en 2020 y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente Quirón Prevención SL en 2021" y que con la finalidad de reducir la tributación por el Impuesto de Sociedes de dichos periodos "se dedujo indebidamente gastos" a través de hasta 15 facturas que repasa la resolución, considerándolas "falsas o falseadas". También, facturando "algunos de sus servicios a su principal cliente Quirón Prevención a través de Masterman & Whitaker SL, cuyo socio y administrador único es D. Alberto González Amador. Esta empresa carecía de medios materiales para prestar los servicios, los cuales fueron prestados por Maxwell, cuya finalidad era un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad de una sociedad vinculada a él y con ello generar bases imponibles negativas en Masterman SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener", repasaba el auto.
"Como resultado de dicha conducta, el contribuyente, conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, presentó autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951 euros para el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2021", continuaba.
La defensa recurrió porque al prorrogar la instrucción la juez no permitió practicar diligencias en favor de González Amador y porque consideró que con la filtración de la negociación con la Fiscalía de la que se acusa a Álvaro García Ortiz se vulneraron sus derechos.
"Con anterioridad a la propia existencia del procedimiento del Juzgado de Instrucción 19 que nos ocupa, la denuncia, el expediente tributario y los correos electrónicos de la defensa del letrado interviniente fueron objeto de revelación a medios de comunicación y la difusión por los mismos, lo que es objeto de un procedimiento judicial específico ante el Tribunal Supremo. Lo anterior, como se ha denunciado, ha dado lugar a la lesión irreparable del derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad, a la protección de datos y, a su vez, al derecho de defensa", alegó su abogado.
En cuanto a las diligencias solicitadas, se trataba de la citación para declarar como testigo del empresario con el que se habría hecho una de las operaciones por las que se le investigó y la incorporación de un informe pericial de la defensa.