«Las autoridades españolas deben garantizar una investigación rápida y exhaustiva sobre la agresión al periodista José Ismael Martínez, identificar y procesar a los responsables y asegurar la protección de todos los reporteros que cubren manifestaciones», solicitan de manera explícita.
Además, también han apuntado a las dubitativas críticas —e incluso jaleamiento— que se han emitido desde según qué sectores de los organismos oficiales, especialmente desde los que tienen responsabilidad gubernamental en alguna de sus capas. «Los cargos públicos deben condenar de forma inequívoca el ataque y el uso de violencia contra periodistas, reafirmando que los profesionales de la información deben poder ejercer su labor con seguridad y sin temor a represalias», piden.
El incidente al que se refieren es el que se produjo en la Universidad de Navarra cuando, tras la cancelación de un acto de Vito Quiles, grupos juveniles de izquierda radical —GKS, Jardun y Ernai, vinculados al entorno abertzale— fue agredido un un periodista de El Español, que resultó herido.
El reportero estaba grabando con su móvil a un grupo de encapuchados que coreaban consignas en euskera cuando fue increpado y amenazado: «¡Deja de grabar, hijo de puta!». Acto seguido, varios manifestantes se abalanzaron sobre él, le lanzaron objetos y lo golpearon pese a que se identificó como periodista.