Todos los acusados son nacidos en Marruecos y residían en las localidades de Motril y Torrenueva Costa. Allí se encargaban de localizar a familiares o personas afines a sus círculos de amistades que quisieran vender su pasaporte o permiso de residencia a los jefes de la trama.
Estos últimos trasladaban la documentación hasta Marruecos, donde, a cambio del pago de importantes cantidades de dinero, que oscilaban desde los 14.000 a los 20.000 euros, se la facilitaban a inmigrantes irregulares, según se detalla en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Acompañados por uno o varios de los componentes del grupo, los migrantes viajaban a España presentando en los controles de los pasos fronterizos la documentación y se hacían pasar por los auténticos titulares.
Para garantizar que la entrada ilegal se realizara con éxito, se buscaba cierta coincidencia física entre el inmigrante y el titular legítimo del pasaporte. Una vez que había conseguido entrar en España, la documentación volvía a los miembros de la trama y era usada de nuevo para otros migrantes irregulares.
Con este proceder, los acusados lograron el acceso a España de numerosos compatriotas que no han sido identificados, así como de las sobrinas de algunos de ellos.
Los acusados reconocieron los hechos el día de juicio y han aceptado condenas de hasta dos años de cárcel por delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de uso de documento falso, con la atenuante de dilaciones indebidas.