La decisión tomada por el ejecutivo municipal, en aras de garantizar la seguridad de los sevillanos en la Navidad, tiene un precedente reciente en el Ayuntamiento de Granada que puede complicarle mucho las cosas. La falta de acuerdo entre el Consistorio nazarí y la Policía Local obligó en Semana Santa a la alcaldesa Marifrán Carazo a imponer por decreto la realización de los servicios extraordinarios a la plantilla entre los días 13 y 20 del mes de abril. Aquella decisión fue llevada ante los tribunales por el sindicato CSIF y, a finales del pasado mes de octubre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada decidió anular la decisión y obligó a indemnizar con 200 euros por día a cada agente que fue obligado a trabajar, en concepto de daños y perjuicios.
La sentencia señala que se considera «servicio extraordinario» aquellos que se realizan «fuera de la jornada normal de trabajo», como se recoge en el artículo 25 del convenio regulador de la relación entre el Consistorio y la Policía Local. En este sentido, insiste en que estos turnos serán siempre de carácter «voluntario y rotativo» y que se compensarán económicamente o, si el trabajador así lo prefiere, con descansos. La juez insiste en que aquel decreto municipal no fue «conforme a derecho» y que en consecuencia cabe indemnizar a los agentes. Habrá que ver si este procedente también acaba sentando jurisprudencia en Sevilla, donde fuentes sindicales ya han dejado claro a ABC que tienen preparados los escritos por si fuera necesario acudir a la vía judicial para resolver el conflicto a cuenta del Plan de Navidad.